Comunicados de prensa 2019

Hasta el 16 de mayo está abierto el plazo para presentar candidaturas a la segunda convocatoria del programa de acogida de defensoras y defensores de Derechos Humanos de Madrid, liderado por Fundación Mundubat,  financiado por el Ayuntamiento de Madrid y que cuenta con el IDHBC como uno de los integrantes de los Comités de Selección y Protección.
Esta segunda edición vuelve a centrarse en Colombia, un país en el que a pesar de la histórica firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC y del inicio de negociación con el ELN (lamentablemente suspendido), los asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos en 2018 supusieron un incremento del 180% respecto a 2015 (el año anterior a la firma de tales Acuerdos, en el que perdieron la vida 61 personas defensoras). ‘Resulta preocupante que, en un contexto de construcción de paz, los defensores y defensoras no sólo no vean reducido el riesgo al que exponen sus vidas e integridad física a causa de la labor legítima que realizan de defensa de los derechos humanos, sino que vean tal riesgo drásticamente aumentado’, afirman desde Mundubat.

El Programa busca no solo brindar una protección temporal a personas defensoras que se encuentren en situación de riesgo, sino también contribuir a la generación de un entorno seguro y propicio en los territorios de origen de las mismas. Se busca, asimismo, mejorar las herramientas de las personas defensoras (con estrategias de acompañamiento psicosocial, formación, generación de redes de apoyo, etc.) una vez retornen a sus territorios de origen y estrechar los vínculos entre las organizaciones de Madrid y las organizaciones a las que pertenecen los defensores y defensoras que participan en el Programa de Acogida. Por último, pero no menos importante, el Programa busca mejorar el conocimiento de la población de Madrid sobre la situación que afrontan comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos en terceros países.

El Programa de Acogida Temporal acogerá durante tres meses (septiembre, octubre y noviembre) en la ciudad de Madrid a tres personas defensoras de derechos humanos provenientes de organizaciones sociales o comunidades en situación de riesgo por su labor de defensa de derechos fundamentales en Colombia.

Las personas defensoras de derechos humanos que deseen participar en el Programa de Acogida Temporal deben presentar su candidatura a través de una organización con presencia en Madrid (organización de acogida). Estas organizaciones serán las encargadas de presentar la documentación y son quienes mantendrán la interlocución durante el posterior proceso de selección.

Consultar las bases

Las personas mayores son tratadas de un modo diferente y peor y este peor tratamiento se justifica en la edad. Este es el punto de partida del proyecto que Helpage y el IDHBC han puesto en marcha y que analizará las situaciones de discriminación que viven las personas mayores en España. 

Según diferentes estudios, las personas mayores  son discriminadas en la posibilidad de  tomar decisiones por sí mismas, especialmente cuando afectan a la decisión sobre dónde, cómo y con quién vivir (es decir, a la posibilidad de vivir de forma independiente); en la salud, en la educación, en la posibilidad de participar en la comunidad y de participar en política, en la garantía de su integridad (porque son víctimas de violencia y abuso y esto no siempre es perseguido), en el empleo y en el acceso a la justicia.

Una de las principales dificultades que se presentan a la hora de poner fin a estas discriminaciones es que no son percibidas como tales. Desde esta perspectiva, el equipo del IDHBC, integrado por María del Carmen Barranco Avilés e Irene Vicente Echevarría, realizará un informe sobre la normativa relevante en los ámbitos de discriminación previamente identificados, cuyos resultados se harán públicos en el mes de diciembre.

El proyecto prevé reuniones con las sociedad civil y con las y los expertos en esta materia para no dejar de lado sus demandas. La primera de ellas, será este jueves 11 de julio en la Universidad Carlos III de Madrid con la Asociación Mayores de Madrid del siglo XXI y tiene como finalidad confirmar si la identificación provisional de ámbitos de discriminación es adecuada, así como desnaturalizar las situaciones de desventaja y presentarlas como discriminación.

La Universidad Carlos III (UC3M)  y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)  han suscrito, con fecha 1 de octubre de 2018, un Convenio que tiene por objeto establecer un marco general de colaboración para el desarrollo de proyectos culturales. En el caso de la UC3M, dicha colaboración se articulará y gestionará a través del Instituto de Derechos Humanos «Bartolomé de las Casas».

El Convenio refleja el acuerdo entre ambas partes de aunar esfuerzos, dentro del marco de competencias propio de cada uno de ellos, para impulsar y coordinar diversos proyectos culturales en los ámbitos de formación, investigación y promoción del arte y los derechos humanos. La UC3M  y el MNCARS consideran que los acuerdos culturales directos entre instituciones son esenciales, en su mutuo interés por establecer relaciones para promover el desarrollo de la docencia, la capacitación, la investigación y la divulgación en sus áreas comunes.

En virtud de este Convenio, firmado por don Manuel Borja-Villel, Director del MNCARS,  y don Juan Romo Urroz, Rector de la UC3M,  ambas instituciones se comprometen a llevar a cabo una serie de actividades como la realización de proyectos conjuntos de investigación, vinculados al arte contemporáneo y los derechos humanos; la preparación conjunta de seminarios, coloquios, cursos y otras actividades formativas relacionadas con el arte contemporáneo en el cruce con los derechos humanos; el  establecimiento de relaciones de cooperación con otras instituciones para el fomento de la investigación y reflexión en arte contemporáneo y derechos humanos; el impulso de publicaciones en coedición como parte de este programa conjunto sobre arte contemporáneo y derechos humanos; la organización de seminarios y encuentros internacionales sobre diversos aspectos del vínculo entre arte contemporáneo y derechos humanos; o la realización de actividades de formación en derechos humanos por parte del equipo de UC3M a los trabajadores del MNCARS.

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PRESS RELEASE (12 March 2019)

The Alliance for Inclusive Investment in Social Care and Support (a4i) project was launched in Brussels on the 4th and 5th February 2019. Funded by the Erasmus+ programme, the a4i project aims to build up the capacity of social services, investors and authorities to know why, when and how to use private investment for projects in the field of social care and support.

Social care and support providers have significant investment needs. Europe has an investment gap for social infrastructure alone estimated at €150 billion a year for the next decade. Whilst increasing public investment will be required to meet this gap, it is equally important to better understand why, when and how private investment could be used to help accelerate inclusive investment into quality community-based care and support services.

The aim of the Alliance for Inclusive Investment in Social Care and Support (a4i) project is to create a new breed of decision makers amongst service providers, investors and authorities, to have the skills and confidence to secure financing from both public and private sources.

Coordinated by the European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD), the project partnership brings together representatives of higher education institutions, private investors and social services from Belgium, Spain and Czech Republic; including Health ClusterNET, the Human Rights Institute of Carlos III University, Fundacion ONCE, University Mondragon, Laboral Kutxa, the Association of Social Service Providers in the Czech Republic, the CEVRO Institut, Česká spořitelna, UNIPSO, Université de Liège and CREDAL. This joint initiative is a first step towards creating concrete collaboration between the three sectors, especially at European level.

Opening the project, Mr Luk Zelderloo, Secretary General of EASPD, highlighted what is the challenge of this project: “Private investors and social service providers usually see each other as coming from different planets: one from Mars, the other from Venus. The a4i project will allow us to communicate and develop knowledge on how to work together. This could mark an important step in helping Europe meet its social investment needs; crucial for a more inclusive Europe”.

By the end of the project in 2021, the a4i project will result in a programme for both academic settings and adult training for investors and social care providers, developed through real-life piloting in Belgium, the Czech Republic and Spain. The project will also develop a State of Play of Social Investment in Europe, as well as European Guidelines on Quality Investment Principles to ensure investment is made into quality projects, in line with international human rights principles. The project consortium will also be supported by an Advisory Board.

The project partners will next meet in Bucharest on the 16th and 17th May 2019 during EASPD’s Annual Conference “Investing in Social Services, Investing in People”.
 

For more information, please contact:
Alberto Iglesias Garzón
aigarzon@der-pu.uc3m.es 

Ante la proliferación de manifestaciones en distintos medios sobre el derecho a la educación  inclusiva, algunas de ellas faltas de rigor y simplificadoras de una cuestión crucial para el desarrollo holístico de los niños, y desde la consideración de que este tipo de manifestaciones está generando confrontación y enfrentamiento en el ámbito social, el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid, consciente de que el adecuado funcionamiento del sistema de derechos humanos precisa, además de normas, de la socialización de los valores que lo fundamentan, apuesta por la realización de un diálogo sereno y profundo sobre el derecho a la educación, en el que participen todos los agentes implicados, que permita diseñar una hoja de ruta clara, y que esté presidido por las siguientes consideraciones:

•  Los derechos humanos son los instrumentos idóneos para alcanzar el libre desarrollo de una vida humana digna, y su contenido se concreta en nuestra Constitución y en los correspondientes Tratados y Declaraciones Internacionales.
•  A la hora de determinar el significado y el alcance de los derechos hay que respetar las normas nacionales e internacionales y, por tanto, las consideraciones de las instituciones que dichas normas establecen como competentes al respecto.
• El fin del derecho a la educación es “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” (tal y como proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el resto de tratados internacionales de derechos humanos y nuestra Constitución).
• El derecho a la educación es el derecho a una educación inclusiva.
• Los titulares del derecho a la educación inclusiva son todos y cada uno de los niños y niñas, quienes deben poder ejercerlo en igualdad de condiciones con los demás, garantizándose la adaptación del sistema educativo a las diversas necesidades, preferencias e intereses educativos de cada uno/a.
• La satisfacción del derecho a la educación inclusiva es una obligación para los padres y las madres, y para todos los poderes públicos y privados.
• Los padres y las madres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos e hijas.
• No hay derechos absolutos; los derechos encuentran sus límites en otros derechos o bienes de igual valor.
• El interés superior del niño o la niña es un principio primordial que debe guiar toda regulación que les afecte.
• Las niñas y los niños tienen el derecho a participar de una forma efectiva en toda la toma de decisiones que les afecten.
• Mientras el sistema educativo no sea plenamente inclusivo se estará produciendo una violación del derecho a la educación de todos los niños y niñas.
• Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar un sistema educativo inclusivo, en el que los padres y las madres puedan ejercer su derecho a elegir la educación de sus hijos e hijas dando cumplimiento a su obligación de que éstos puedan satisfacer eficazmente su derecho a la educación inclusiva.
• Para hacer efectivo el derecho a la educación es necesario realizar un profundo cambio en todo el sistema educativo, de modo que cada niño y niña pueda desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidades, hasta el máximo de sus posibilidades y se forme en el respeto por la dignidad intrínseca de todo ser humano y los derechos humanos. Un sistema educativo inclusivo necesita recursos materiales y humanos, formados “para” y “en” la inclusión. Por tanto, necesita de políticas públicas, de fondos económicos y, además, de una sociedad abierta a la inclusión.

Los socios del proyecto Just4All, entre los que se encuentra el IDHBC, están haciendo una recopilación de buenas prácticas para mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. La relación de buenas prácticas se presentará en un informe que pretende concienciar y educar a las y los profesionales del Derecho en la Unión Europea.
 

Just4All es un proyecto, financiado por la UE, que tiene como objetivo mejorar el acceso a la justicia para las personas con discapacidad mediante la sensibilización y la formación de profesionales del derecho en la Unión Europea.

Está coordinado por la Fundación ONCE y, además del IDHBC, son socios el Foro Europeo de Discapacidad, la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad (EASPD) y Thomson Reuters Aranzadi.
 

Si conoces alguna buena práctica, envía este cuestionario a andre.felix@edf-feph.org antes del 23 de febrero:

Cuestionario

Más información

Context
 

Europe has an investment gap in social infrastructure of an estimated €150 billion a year for the next decade in health, social care and support, education and affordable housing. In addition of a growing demand, staff shortages and limited funding for innovation, there is a crucial need of a new breed of decision makers who have the skills and confidence to secure financing from both public and private sources. The a4i project aims at bridging this gap.

Outputs

In 2021, the a4i project will result in a programme both for academic settings and adult training between investors and social care providers, based on specific real-life piloting. The a4i training courses, together with the Knowledge Centre and MOOC, will contribute to enhancing the mutual understanding, trust and ability to work together in securing more sustainable and diversified funding for integrated, flexible and individualised services.
In order to inform the work, a report on the state of play in Europe will be available in June 2019, and European guidelines on quality investment principles by September 2019.

Partners

The project involves Service Providers, Private Investors and Higher Education Institutions in Belgium, Czech Republic and Spain, as well as a partner from the Netherlands. The partners are:
-    European Association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD) (coordinator), Belgium
-    HCN, Netherlands
-    Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Spain
-    Fundacion ONCE, Spain
-    Mondragon University, Spain
-    Caja Laboral Kutxa, Spain
-    APSS CR, Czech Republic
-    CEVRO Institut, Czech Republic
-    Česká spořitelna, Czech Republic
-    Union des entreprises à profit social (UNIPSO), Belgium
-    Université de Liège, Belgium
-    CREDAL, Belgium

In the long run

In the long term, increasing investment into social care and support will help improve quality of life via access to quality services for beneficiaries, including older people, persons with disabilities, children, migrants, homeless people, etc. Furthermore, knowing when and how to use private investment for social care & support providers can also help to free up limited resources for public authorities to fund where public investment is the right path.

María del Carmen Barranco y Patricia Cuenca, Directora y Secretaria, respectivamente, del IDHBC, participarán en el Consejo Asesor de la sección específica dedicada a las personas con discapacidad que ha puesto en marcha el Colegio de Abogados de Madrid.

Esta sección, que será presidida por Rafael de Lorenzo García, es una expresión del compromiso de la institución colegial con la derechos y la defensa jurídica de las personas con discapacidad y sus familias.

Enlace a la noticia en la web de ICAM

El IDHBC ha realizado el “Proyecto para la Recogida de Testimonios de Víctimas de la Dictadura Franquista” para la Oficina de Atención a Damnificados por la Dictadura Franquista del Ayuntamiento de Madrid.

La finalidad del mismo es iniciar la creación de un Banco Municipal de Memoria de la Represión Franquista y, si es posible, unirse -en la línea de otros ayuntamientos españoles- a la presentación de una querella conjunta contra la represión franquista.

Este proyecto ha sido liderado por la profesora María Eugenia Rodríguez Palop y en el mismo han participado los profesores Javier Dorado Porras e Ignacio Macías Pérez , junto con la directora, guionista y productora audiovisual Cecilia Barriga. 

Se ha entrevistado a 14 personas inscritas en el censo de víctimas abierto por la Oficina de Atención a Damnificados por la Dictadura Franquista del Ayuntamiento de Madrid.

Enlace al reportaje emitido en Radio Televisión Española