Eva Rajo Iglesias, catedrática del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones UC3M, ha sido elevada a Fellow por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), por sus contribuciones a las superficies artificiales y su impacto en la tecnología gap wave guide para ondas milimétricas. Esta es una distinción de prestigio que otorga este organismo a una parte muy reducida de sus miembros por obtener logros extraordinarios y realizar contribuciones significativas 

Sara Martín Salamanca, profesora del Departamento del Departamento de Derecho Privado, ha sido nombrada miembro de la Comisión de Propiedad Intelectual nombrada vocal de Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual Se trata de un órgano decisor de carácter nacional vinculado al Ministerio de Cultura, que tiene competencias de arbitraje, control e incluso elaboración de tarifas sustitutorias de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. La Comisión consta de 5 miembros, entre los que se eligen a la presidencia y vicepresidencia.

El evento ha contado con la presencia de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid (CM), Emilio Viciana; el presidente del Consejo Social UC3M, Francisco Marhuenda; la viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia de la CM, Ana Ramírez de Molina; el director del MUDUE, Carlos Moreiro; y la presidenta del Consejo Académico del MUDUE, Rosario Silva. 

El Máster Universitario en Derecho de la Unión Europea de la UC3M es un posgrado jurídico especializado, que focaliza la enseñanza bilingüe (inglés-español) y potencia la práctica procesal (moot courts) y la adquisición de cualificaciones competitivas de la abogacía transnacional (trabajo en equipos internacionales, entorno jurídico digital y liderazgo). Cuenta con un período obligatorio de prácticas curriculares, supervisadas por profesionales, que garantiza la adquisición de las técnicas más actualizadas en esta materia. Ha recibido diversas distinciones institucionales, como las becas de la Fundación Rafael del Pino, las becas y la cátedra de Excelencia de la Fundación Mutualidad de la Abogacía, o el Premio Jones Day.

España está obligada a afrontar con carácter urgente la transición desde un modelo de atención y cuidados basado en entornos de institucionalización a un modelo de apoyos con base en la comunidad, defiende el estudio. Para ello, señala algunos elementos clave, como contemplar a las personas que precisan cuidados como sujetos de derechos, considerar que la necesidad de apoyo es consecuencia de la estructura social, acceder a vivienda asequible y accesible, desarrollar una red de apoyos, cuidados, acogimientos y servicios inclusivos de base comunitaria y familiar (ACAIS) o reconocer los derechos a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad, entre otros. 

“La desinstitucionalización es un proceso político, social y cultural, que prevé el paso del cuidado en entornos de aislamiento y segregación, identificados genéricamente como instituciones, hacia modalidades de atención y apoyo, acordes con el enfoque de derechos, que se centran en la persona y promueven la participación social y la inclusión en la comunidad”, explican las personas autoras del estudio. 

Esta investigación se enmarca en el proyecto EDI, que pretende contribuir a abordar con garantías la transición del modelo de cuidados institucionalizado a otro basado en el marco de los derechos humanos. Para ello, se han realizado cinco estudios centrados en las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas sin hogar, los niños, niñas y adolescentes y otro con un enfoque transversal. 

Estos cuatro grupos poblacionales “comparten una situación de vulnerabilidad que se manifiesta en términos de discriminación estructural basada en un modelo cultural capacitista, edadista, adultocentrista e individualista”, indica el investigador responsable del proyecto, Rafael de Asís Roig, catedrático en el Dpto. Derecho Internacional Público, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la UC3M. 

En la realización de los estudios, en los que han participado medio centenar de investigadores e investigadoras en cinco grupos de trabajo, se han aplicado diversas técnicas metodológicas, como: análisis de bases de datos, de bibliografía, de casos, de normativa y jurisprudencia, encuestas, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, etc. 

Desde el proyecto EDI se seguirá trabajando para lograr que todas las personas que precisan cuidados puedan desarrollar una vida elegida en comunidad. En concreto, a lo largo de 2024, se organizarán seminarios y congresos para debatir y profundizar en las conclusiones alcanzadas en los estudios y se generarán publicaciones científicas y otras de divulgación. 

Más información:

Web del estudio sobre los procesos de desinstitucionalización y transición hacia modelos de apoyo personalizados y comunitarios 

BRAVIOO es un consorcio financiado por la Unión Europea (GA 101129180) que está coordinado por la oficina del Defensor Universitario de la UC3M y en el que también participan, como socios europeos, la Oficina del Defensor Universitario para los Estudiantes de la Universidade da Beira Interior (en Portugal) y la empresa consultora española OpenODS. Cuenta con ocho universidades latinoamericanas: dos en Argentina (la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional del Nordeste); dos en Bolivia (la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz y la Universidad Privada del Valle; otras dos en Chile (la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de la Frontera); y dos más en Honduras (la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán).

Las tareas del proyecto están orientadas a conseguir herramientas de formación para las entidades participantes, a través de cursos MOOC, que puedan ser fácilmente revisados ​​y actualizados. Además, se elaborarán normas y reglamentos para facilitar la implementación y fortalecimiento de las oficinas de defensoría universitaria. “La intención es compartir ideas, vivencias y fortalecer vínculos entre las culturas de Europa y de América Latina, con el fin de crear y unificar defensorías en todas las universidades participantes”, añade la Defensora Universitaria Adjunta de la UC3M, María del Mar Sánchez Pinilla.

BRAVIOO (Building Reinforced and Advanced Capacities in Human Rights between Latin American and European HEIs increasing the Visibility and Institutionalization of Ombudspersons Offices) es un Capacity Building High Education dentro del programa Erasmus+, una modalidad de proyectos de cooperación transnacionales entre instituciones de educación superior. Los objetivos de este tipo de proyectos son, entre otros: modernizar, internacionalizar y facilitar el acceso a la enseñanza superior; incrementar la cooperación con la UE; y fomentar la comprensión y los contactos entre personas, además de propiciar la sensibilización intercultural. 

El proyecto cuenta con la colaboración del Servicio de Relaciones Internacionales  que, al igual que en otros proyectos Erasmus+, proporciona apoyo en todas las actividades administrativas y financieras en las diferentes fases del proyecto, desde la propuesta y la negociación hasta la gestión y justificación del mismo. “Además, apoyamos a todos los socios del consorcio para que puedan cumplimentar y cumplir todos los requisitos y obligaciones legales y administrativas que requiere la Comisión Europea”, indica la gestora de este proyecto, Raquel Navalpotro Gil, del Servicio de Relaciones Internacionales de la UC3M.

“El proyecto ha sido muy bien valorado por la Comisión Europea, ha conseguido el máximo en términos económicos (cuenta con una financiación de unos 800.000 euros) y es uno de los pocos proyectos en los que la UE va a admitir cuatro países que no son del ámbito europeo”, señala Emilio Olías. “Esto para nosotros es un reto muy importante pero también una satisfacción enorme”, concluye. 

Más información: 

Defensoría Universitaria de la UC3M:
https://www.uc3m.es/defensoria-universitaria/inicio

“El estudio examina los principales parámetros que condicionan entornos como el iraquí,  asolados por el cambio climático, la degradación medioambiental y capas superpuestas de violencia, junto con otros problemas de carácter político, económico y social, a fin de examinar cómo el derecho (en particular el internacional) puede traer un efecto catalizador positivo”, señala la investigadora. En esta línea, se exploran los organismos que podrían encargarse de investigar los delitos contra el medioambiente cometidos por el Daesh. “El grupo terrorista practicó una política de tierra quemada en los territorios de los que se iba retirando con motivo de su derrota”, apunta Abad. 

Asimismo, se analizan los principales obstáculos y las vías jurisdiccionales que se pueden utilizar para obtener justicia en relación con este tipo de delitos, poniendo de relieve cómo toda esta cuestión se encuentra en una zona de convergencia entre múltiples sectores jurídicos: los derechos humanos, el derecho del medio ambiente, el derecho de los conflictos armados, el derecho internacional penal, la responsabilidad internacional y la justicia transicional, entre otros. “Esta intersección de áreas jurídicas ofrece complejidad, pero también nuevas potencialidades. En particular, la relación entre la naturaleza y la justicia transicional merece ser explorada más a fondo, a fin de impulsar el derecho a la verdad de una manera integral y conseguir que una perspectiva pro natura empiece a adquirir un carácter transversal”, refiere la autora.

El principal resultado de esta investigación es que hay un organismo oficial, llamado UNITAD, creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2017 para investigar crímenes de atrocidades masivas en Irak, que aún estaría a tiempo de asumir una investigación sobre las consecuencias medioambientales del último conflicto armado en el país. “Dado que este organismo se creó con el objetivo de reunir y preservar pruebas de los crímenes cometidos por el Daesh a fin de promover su rendición de cuentas, debería desempeñar un papel crucial en la investigación de los crímenes contra la naturaleza, algunos de los cuales estarían relacionados con la comisión del genocidio contra los yazidíes. Esta labor de investigación por parte de UNITAD cumpliría varias funciones esenciales: promovería la concienciación, a la vez que contribuiría a evitar la impunidad y a garantizar una reparación adecuada. En definitiva, la actuación de UNITAD podría generar una reacción en cadena, que contribuiría a tipificar el crimen de ecocidio en el plano internacional y a enjuiciarlo”, resalta Montserrat Abad.

El estudio apela a la necesidad de adoptar un enfoque holístico en relación con los crímenes cometidos contra la naturaleza (que incluye a los seres humanos) a través del caso iraquí. Las conclusiones de esta investigación pueden aplicarse a otros escenarios de posconflicto con el objetivo de prevenir otro ciclo de conflicto armado o terrorismo. “Resulta crucial que se adopte una óptica integral y que se tenga en cuenta que la naturaleza es un bien común para futuras generaciones. Solo cuando los organismos oficiales asuman este reto y ejerzan su labor en consecuencia, podrán producirse progresos cualitativos”, finaliza la autora. 

Referencia bibliográfica: Abad Castelos, M. (2023) “Towards a Holistic Consideration of Crimes Against Nature Committed in Times of Armed Conflict: A Critical Approach to the Case of Iraq”, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 12(3), pp. 77-92. doi: 10.5204/ijcjsd.2707.

Estos sistemas incrementan la capacidad de análisis y explotación de los datos de carácter personal de los empleados por parte de las empresas. “Sobre todo me preocupa si a través de esta tecnología las compañías podrían llegar a conocer datos de salud de sus trabajadores sin finalidad preventiva”, indica la investigadora. Actualmente, desde la Unión Europea se está tramitando la Ley de Inteligencia Artificial que introducirá límites y garantías frente al uso de esta tecnología, que entrará en vigor previsiblemente a finales de 2026. A su vez, se están preparando otras normas técnicas. “Sin embargo, el proceso de aprobación es lento y, mientras tanto, la normativa vigente actual no ofrece una protección real a las personas empleadas”, concluye Ana Belén Muñoz Ruiz. Estos sistemas pueden incidir sobre un abanico amplio de derechos fundamentales: derecho de protección de datos de carácter personal, intimidad, no discriminación y sobre todo salud mental de las personas empleadas.

Su libro analiza algunas de las primeras resoluciones judiciales sobre este tema en Europa. Por ejemplo, la Resolución de la Agencia Húngara de Protección de Datos del 8 de febrero de 2022. En este caso concreto, se trataba de un software que utilizaba IA y analizaba y evaluaba los estados emocionales de clientes y empleados de un banco con la finalidad de gestionar las quejas, controlar la calidad de las llamadas y aumentar la eficiencia de los empleados. “Este ejemplo no es más que un precedente de nuevas realidades en las que experimentaremos nuevos problemas derivados del uso laboral de los algoritmos e IA en las empresas”, señala la experta. En Estados Unidos y en otros países como China se ha alertado que algunas empresas emplean estas prácticas en el ámbito laboral. En la Unión Europea, desde julio de 2022, es obligatorio incluir en los coches de nueva homologación el detector de fatiga y somnolencia. 

Incluso en el caso de sistemas de reconocimiento de emociones que no utilizan datos biométricos, como ocurre en el caso de los chatbots y robots RPA (automatización robótica de procesos, por sus siglas en inglés), el uso de esta tecnología puede llegar a pulverizar el derecho fundamental de intimidad cuando el control se produce en el puesto de trabajo, según la experta, pues los límites y garantías tradicionales vinculados con los derechos fundamentales de intimidad y protección de datos de carácter personal no parecen ser suficientes.

¿Están legitimadas las empresas para su aplicación? En el libro se analiza esta cuestión en dos momentos. En primer lugar, respecto de los datos biométricos de la persona empleada al hilo del cumplimiento de obligaciones cotidianas de las empresas, como el registro horario (de hecho, el control horario mediante la huella dactilar u otro dato biométrico se ha cuestionado en países como Austria, Francia, Italia o Noruega). En segundo lugar, en la legitimación de las empresas para el uso de los sistemas automatizados de reconocimiento de emociones. “Tras mi estudio, concluyo que mejorar la satisfacción de los clientes y el rendimiento de las personas trabajadoras o integrar a personas con discapacidades no parecen ser motivos suficientes. Si bien la seguridad en el trabajo es un deber que la empresa debe cumplir y puede justificar el tratamiento de datos de los empleados, resulta muy dudosa su extensión a los sistemas de reconocimiento automatizado de emociones”, concluye Ana Belén Muñoz Ruiz.

Más información: 

Muñoz Ruiz, Ana Belén (2023). Biometría y sistemas automatizados de reconocimiento de emociones: Implicaciones Jurídicos-Laborales. Ed. Tirant lo Blanch. ISBN: 9788411693066.
https://libreria.tirant.com/es/libro/biometria-y-sistemas-automatizados-de-reconocimiento-de-emociones-implicaciones-juridicos-laborales-ana-belen-munoz-ruiz-9788411693066  

Durante la mañana del viernes 29 se celebrará una actividad dirigida a centros de educación secundaria. A las 11.15h en el Auditorio de la UC3M tendrá lugar un espectáculo teatral con charlas de investigadores sobre diversos aspectos relacionados con los retos de una Europa verde, como la energía solar de concentración, el impacto de las estelas de condensación de los aviones en el cambio climático, comunicaciones inalámbricas con un menor consumo energético o la utilización de láseres en la ganadería para la monitorización de gases nocivos para el cambio climático.

Durante este evento también se realizarán dos visitas guiadas a instalaciones científicas de la UC3M. El viernes 29 a las 18h en el Campus de Leganés de la UC3M se podrá conocer un laboratorio de investigaciones aeroespaciales donde se prueban diversas técnicas para conocer mejor la fluidodinámica y conseguir aviones más sostenibles. El sábado 30 a las 10h tendrá lugar otra visita guiada a un laboratorio en el Parque Científico de la UC3M para ver cómo se realizan ensayos sobre desarrollos tecnológicos para comunicarnos con nuestras células.

Estas acciones de la UC3M se enmarcan en la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de Madrid, un evento que incluye numerosas actividades gratuitas de divulgación científica y que se celebra simultáneamente en más de 350 ciudades europeas. En Madrid, este proyecto de apoyo a la carrera del personal investigador, denominado MADRIDNIGHT, está promovido por la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades y coordinado por la Fundación madri+d, y está financiado por la Unión Europea dentro del Programa Horizonte Europa de investigación e innovación, bajo el acuerdo de subvención número 101.061.343.

Más información: 

Web de la Noche Europea de los Investigadores y de la Investigadoras de la UC3M

Este objetivo se encuentra en el origen de la propuesta en la que han participado profesores del Departamento de Ciencias Sociales (los ya citados, así como Ilke Toygür, Işık Özel y Stefano Battilossi), María Luengo (Comunicación), Natalia Fabra (Economía), Antonio Estella (Derecho Público), Ángel Cuevas (Ingeniería Telemática) y Maria José Álvarez (Economía de la Empresa). “Gracias a este diálogo interdisciplinar, se tratará de reforzar el papel de la ciudadanía, política y sociedad civil, en el proceso de formulación de políticas europeas para ser capaces de abordar de manera más eficaz e inclusiva los desafíos a los que se enfrenta Europa”, señala Juan Antonio Mayoral.

El centro que se va a constituir en el marco de esta ayuda de 100.000 euros para tres años, persigue tres objetivos generales. En primer lugar, fortalecer y promover la excelencia en la enseñanza y la investigación interdisciplinar en los estudios sobre  la UE. En segundo lugar, fomentar, expandir y consolidar una comunidad de académicos y actores sociales, políticos y económicos relevantes para la búsqueda de soluciones integradoras a los desafíos actuales de la UE. Y en tercer lugar, acercar la UE a la sociedad y a los estudiantes y jóvenes españoles y europeos para promover su participación en las actividades del Centro.

En concreto, entre otras acciones, está previsto: la creación de un grado europeo y minors en colaboración con la Alianza YUFE; la actualización con un enfoque interdisciplinar de los contenidos de asignaturas de grado y máster ya existentes; y la organización de conferencias, workshops y seminarios de investigación en base a una agenda común sobre europeización del derecho, economía, política, medios y sociedad española.

Los Centros de Excelencia Jean Monnet, propuestos y albergados por una institución de educación superior, son focos de referencia y conocimientos sobre temas relacionados con la UE. En ellos se reúnen la experiencia y las competencias de expertos de alto nivel con el objetivo de desarrollar sinergias entre las diversas disciplinas y recursos de los estudios sobre la UE. Además, desempeñan un papel clave a la hora de llegar a los estudiantes de facultades que normalmente no abordan cuestiones relacionadas con la UE, así como a responsables políticos,  funcionarios, la sociedad civil y el público en general. 

Más información: Centros de Excelencia Jean Monnet

Este consorcio europeo de I+D+i reacciona a estos desafíos de dos maneras. Por un lado, se analizarán los riesgos políticos asociados con estas tecnologías para prevenir posibles implicaciones negativas para las democracias de la UE. Y como resultado, se establecerán innovaciones regulatorias para detectar y mitigar los riesgos de los deepfakes. Por otro lado, se evaluarán las oportunidades que plantean las GANs para revitalizar el compromiso democrático de los ciudadanos. 

Para ello, en el marco de SOLARIS se desarrollarán tres estudios de caso. El primero tiene como objetivo comprender los aspectos psicológicos de la confiabilidad percibida de las GANs a través de un experimento controlado en condiciones de laboratorio. El segundo, simula la circulación de contenidos amenazantes de GANs en redes sociales para detectar riesgos y diseñar estrategias de mitigación. El tercero, co-crea contenidos GAN basados en valores para aumentar la conciencia sobre temas democráticos globales clave (como por ejemplo, el cambio climático, la dimensión de género o la migración humana).

“Las GANs también constituyen una oportunidad para mejorar la conciencia democrática y expandir la ciudadanía activa e inclusiva”, señala Antonio Estella de Noriega, que también ostenta una Cátedra Jean Monnet ad personam de Derecho de la Gobernanza Económica Europea en la UC3M. En este sentido, los GANs “se pueden utilizar para hacer el bien y tener usos positivos en el ámbito periodístico, histórico o jurídico, por ejemplo”, añade el profesor. 

En la UC3M se desarrolla la parte regulatoria de este proyecto, que consiste en hacer una propuesta de normas jurídicas en este ámbito. “El mayor reto es precisamente lo rápido que se están produciendo los cambios. Por su propia naturaleza, el Derecho lo que hace es trabajar sobre una determinada imagen congelada de la realidad y, en términos generales, la realidad no avanza tan rápido como está avanzando la IA”, explica. “Lo que podemos estar regulando hoy a lo mejor ya no nos vale para dentro de seis o nueve meses porque se podría quedar obsoleto”, añade. 

El proyecto SOLARIS (Strengthening demOcratic engagement through vaLue-bAsed geneRative adversarIal networkS) está financiado con casi tres millones de euros por el Programa de Investigación e Innovación Horizonte Europa (GA 101094665) de la Unión Europea (UE). Coordinado por la Universidad de Amsterdam, se desarrollará entre los años 2023 y 2026 y participan una docena de instituciones y empresas privadas de Albania, Alemania, Bulgaria, Eslovenia, España, Italia, Países Bajos y Reino Unido. 

Más información: 

Web del proyecto SOLARIS
 

Por otra parte, la UC3M es la mejor universidad pública española en el ranking de universidades en las que cursaron el grado los abogados juniors que este año ingresan en los grandes despachos. Se sitúa detrás de ICADE y por delante de universidades como la Pompeu Fabra y la Autónoma de Madrid.

El informe “Universidades y Despachos 2023” publicado por El Confidencial, que incluye 60 universidades y escuelas de negocio, pretende convertirse en una herramienta para conectar a bufetes, centros formativos y futuros abogados. Este informe es “la mejor fotografía de los centros preferidos por las firmas de élite para captar a sus futuros letrados, así como los rasgos esenciales del perfil de estos jóvenes profesionales”, resaltan los autores del informe.

Para su elaboración, 18 de los principales bufetes de nuestro país han facilitado los datos de las universidades en las que han cursado el grado y el máster de acceso a la abogacía los profesionales que este año inician (o han iniciado) las prácticas previas a su incorporación al mercado laboral.

Más información: Informe Universidades y Despachos 2023 de El Confidencial
 

Los principales hitos que se han alcanzado durante los tres años de duración del proyecto han sido cuatro. El primero de ellos ha sido la creación de la metodología Fair School, elaborada en formato manual para equipos docentes y traducida a seis idiomas. Incluye un marco conceptual basado en la construcción de narrativas, aprendizaje socioemocional y prácticas restaurativas. Asimismo, cuenta con un conjunto de actividades para realizar en el aula con estudiantes y sus familias. 

El segundo ha consistido en la elaboración de cuatro actividades denominadas Serious Games, que se refiere a actividades lúdicas, de corta duración y basadas en los valores de convivencia democrática. Estas son:  “El Mensaje de los Árboles”, creada en Turquía; “Conoce mi cultura”, creada en Portugal; “Trotamundos”, creada en España; y “Mi Perspectiva”, creada en Polonia. Cada uno de estos juegos está traducido a seis idiomas y en ellos se tratan temas relacionados con la diversidad, el respeto, la tolerancia y el autocuidado. Su eficacia ya se ha probado en más de 400 docentes y estudiantes de escuelas de secundaria de España, Turquía, Polonia y Portugal. 

El tercero ha sido la creación de cinco módulos digitales dirigidos al personal docente, con el objetivo de que conozcan y aprendan la metodología para su posterior aplicación. Los módulos se denominan  “Rol de profesores como facilitadores”; “Justicia Restaurativa”; “Aprendizaje Socioemocional”; y “Metodología para ser usada en escuelas secundarias”. Cada uno está traducido a cinco idiomas y tiene una duración de 10 horas en las que se incluyen actividades teóricas y prácticas. Al final de cada módulo hay una prueba para la auto-evaluación de conocimientos. Este material se ha probado con 105 docentes de los cuatro países pertenecientes al consorcio Fair School. 

En el último hito se ha realizado una prueba piloto de la metodología en los países del consorcio. Esta ha tenido una duración de seis meses, con dos ciclos trimestrales de aplicación. En ella han participado 414 personas, entre los que figuran 396 estudiantes y 18 docentes. 

Asimismo, durante los tres años de duración se han llevado a cabo otro tipo de actividades relevantes para la adecuada implementación de la metodología, como el encuentro internacional de equipos docentes de las cuatro escuelas del consorcio o las cinco jornadas transnacionales para la coordinación y el trabajo conjunto. 

El Proyecto "Fomento de un entorno justo e inclusivo para estudiantes de secundaria en entornos escolares interculturales a través de un método pedagógico novedoso basado en prácticas restaurativas y aprendizaje social y emocional" (Fair School) (referencia 2020-1-ES01-KA201-083026) ha estado financiado por el Programa Erasmus+ bajo la supervisión del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. La investigación ha estado coordinada por la UC3M, en colaboración con socios de distintos países europeos: el Instituto de Educación Secundaria Ignacio Aldecoa de Getafe (España); la red de escuelas SPEL (Portugal); la organización sin ánimo de lucro SOS Malta;  la Universidad de Bialystok y el colegio Princess Anna Sapieha Jabłonowska (Polonia); el centro de educación secundaria Maltepe y la organización de investigación e innovación tecnológica IAAD (Turquía); y la consultora privada In Dialogue (Holanda).

Más información sobre Fair School

Más información sobre Erasmus+

El Máster Universitario en Ingeniería del Diseño Industrial ofrece una formación multidisciplinar para profesionales de la ingeniería interesados en el diseño orientado a la innovación a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Este máster está indicado para personas que quieran comunicar sobre productos industriales; diseñar, desarrollar y mejorar productos bajo criterios estéticos, técnicos y normativos; conocer la realidad industrial y conceptos de diseño y producción sostenible;  planificar y dirigir proyectos adoptando criterios de sostenibilidad, respeto al medioambiente, digitalización y creatividad; y establecer procesos de fabricación basados en tecnologías sostenibles, con alto nivel de digitalización.

El Máster Universitario en Tecnologías e Ingeniería Cuánticas, impartido en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tiene como objetivo formar a científicos en uno de los campos más prometedores de la ingeniería, cuyas aplicaciones tecnológicas podrían tener un gran impacto social. Para ello, se abordarán desde cuestiones de ciencia básica hasta el desarrollo de aplicaciones industriales. Además, el máster contará con la participación de entidades públicas y empresas punteras que ayudarán a explorar el amplio temario en la frontera del conocimiento en este ámbito, centrándose en áreas de la Computación y Simulación (IBM, Banco Santander, etc.), Criptografía y Comunicaciones (Telefónica, INTA,etc.) y Sensado y Metrología (Centro Español de Metrología, Arquimea Research Center, etc.). 

Otra novedad de posgrado de la UC3M es el Máster de Formación Permanente en Fundamentos del Derecho y Tecnologías Disruptivas. Se imparte online y se plantea como respuesta a una creciente demanda de formación especializada sobre el sentido y funcionamiento del Derecho ante las tecnologías disruptivas. Está dirigido tanto a personas que quieren mejorar sus competencias como a profesionales del sector jurídico, además de a quienes quieran iniciarse en la investigación en este campo. El interés y la calidad del programa están avalados por los recursos académicos y por la experiencia en la materia en la UC3M por parte del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba y de la unidad académica interdisciplinar Dertecnia. 

Amplia oferta de posgrado

La UC3M cuenta con una amplia oferta de programas de postgrado. Se imparten 70 másteres universitarios en las ramas de Derecho, Economía y Ciencia Política; Empresa; Humanidades y Comunicación; e Ingeniería y Ciencias Básicas junto a 50 másteres de formación permanente, diplomas de especialización y de experto. Alrededor de un 10 por ciento de los programas son bilingües y en torno a un 20 por ciento del total se imparten en inglés.

La UC3M es una universidad pública española que destaca en investigación, docencia e innovación. Figura entre las 35 mejores universidades del mundo en el ranking QS Top 50 Under 50 y entre las mejores universidades españolas por la empleabilidad de sus graduados, según la última edición del Global University Employability Ranking del Times Higher Education (THE) y del QS Graduate Employability Ranking. La UC3M cuenta con numerosas acreditaciones y distinciones de calidad, como el sello EUR-ACE en el ámbito de las ingenierías o la acreditación AACSB en los programas de empresa y finanzas, entre otros.

Por otra parte, la UC3M es la mejor universidad pública española en el ranking de universidades en las que cursaron el grado los futuros abogados. Se sitúa detrás de ICADE y por delante de universidades como la Autónoma de Madrid o Deusto.

El informe “Universidades y Despachos 2022” publicado por El Confidencial, que incluye 59 universidades y escuelas de negocio, pretende convertirse en una herramienta para conectar firmas, centros universitarios y futuros abogados. Este informe “pretende dilucidar qué centros están resultando más efectivos a la hora de formar a los profesionales de acuerdo con las necesidades de las firmas”, resaltan los autores del informe.

Para su elaboración, 17 de los principales bufetes de nuestro país han facilitado los datos de las universidades en las que han cursado el grado y el máster de acceso a la abogacía los profesionales que este año inician (o han iniciado) las prácticas previas a su incorporación al mercado laboral.

Más información

El proyecto proporcionará a los centros educativos una publicación con información sobre teorías restaurativas, narrativas y socioemocionales, estudios de casos, herramientas prácticas y estrategias para la implementación en las escuelas, con orientación específica para la comunidad educativa (personal docente y orientador, estudiantes, dirección, familias, inspectores…).

Asimismo, se pondrá a disposición de este personal una plataforma web para facilitar el aprendizaje de estos métodos y estrategias.

Por otro lado, se elaborará un set de cuatro Serious Games (simulación) para que el alumnado  participe en la transformación de las escuelas en espacios más inclusivos y seguros.”Esta iniciativa pretende explorar nuevas metodologías inclusivas sobre la base de la colaboración entre escuelas y organizaciones de la sociedad civil, donde la Universidad tiene un rol fundamental”, apunta Helena Soleto. 

La primera fase del proyecto comenzó a finales de 2020 y se realizó de manera telemática a causa de la pandemia. Desde finales de 2021, se han realizado distintas actividades presenciales. La última ha tenido lugar  a mediados de junio de 2022 a través de un encuentro de profesorado escolar en Espinho (Portugal). En este evento se ha llevado a cabo un intercambio de experiencias sobre la metodología Fair School. 

El objetivo de los próximos meses es implementar la metodología Fair School en las cuatro escuelas que forman parte del consorcio, para dimensionar su utilidad real en las comunidades escolares y proyectar su aplicación posterior en otros países de la Unión Europea.

En el desarrollo de Fair School, la UC3M trabaja junto a socios de seis países: el Instituto de Educación Secundaria Ignacio Aldecoa de Getafe (España); la red de escuelas SPEL (Portugal); la organización sin ánimo de lucro SOS Malta;  la Universidad de Bialystok y el colegio Princess Anna Sapieha Jabłonowska (Polonia); el centro de educación secundaria Maltepe y la organización de investigación e innovación tecnológica IAAD (Turquía); y la consultora privada In Dialogue (Holanda).

Este proyecto está financiado por ERASMUS+ y su nombre completo es "Fostering inclusive and fair environment for secondary students at intercultural school settings through a novel pedagogical method based on restorative practices and social & emotional learning" (referencia 2020-1-ES01-KA201-083026).

Más información

Los responsables de la cátedra, Marta García Mandaloniz, profesora titular de Derecho Mercantil de la UC3M, y Rafael Mínguez Prieto, socio y responsable de la práctica financiera de la oficina de Madrid de Cuatrecasas coinciden en que esta cátedra ayudará a crear y estrechar vínculos colaborativos con redes de expertos y grupos de investigación transversales, aportando un enfoque tanto teórico como práctico y favoreciendo la formación de estudiantes de derecho y economía.

Más información:

Cátedra Cuatrecasas UC3M

Judicialización, Respeto por instituciones y Tribunales en España (JuRisT)

El proyecto liderado por Juan Antonio Mayoral Díaz-Asensio, del Departamento de Ciencias Sociales de la UC3M, tiene como objetivo orientar al personal judicial y político sobre acciones específicas para proteger la legitimidad social del poder judicial. 

Algoritmos Responsables – Desarrollo de un marco normativo europeo para la automatización responsable de la toma de decisiones y las relaciones contractuales

El equipo investigador que coordina Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, del Departamento de Derecho Privado de la UC3M, analizará si el régimen europeo se adecúa al uso de la automatización en el ciclo contractual, creando una Guía Práctica para mejorar el sistema de algoritmos e inteligencia artificial.

Los efectos positivos de visibilizar los desacuerdos en las redes sociales

El proyecto liderado por Antonio Gaitán Torres del Departamento de Humanidades – Filosofía, Lengua y Literatura de la UC3M, tiene como objetivo principal entender los efectos que produce la visibilización de desacuerdos morales en contextos digitales en relación con los fenómenos de polarización, segregación, extremismo y radicalización.

Los proyectos seleccionados en este programa han recibido una financiación de más de 130.000 euros en su conjunto. 

En esta convocatoria, la Fundación BBVA ha recibido un total de 620 candidaturas, de las que se han seleccionado 35 proyectos. 

​​Por primera vez, la competición se ha celebrado en el Palacio de la Paz de la Haya (Países Bajos), sede de la Corte Internacional de Justicia. La UC3M ha sido la única representante española en la competición junto con otras ocho universidades europeas.

Durante 24 horas, los equipos de estudiantes se han enfrentado a una serie de crisis internacionales, para lo cual han tenido que abordar una variedad de asuntos legales, proporcionar una opinión, asesorar, redactar documentos, negociar o elaborar estrategias diplomáticas. 

Esta competición pone a prueba el conocimiento de estudiantes universitarios sobre el derecho internacional público y una variedad de habilidades, como colaborar en equipo, redactar documentos jurídicos y negociar con otras partes implicadas en la crisis.

El jurado de la competición ha estado compuesto por seis personas expertas en derecho internacional: Hillary Charlesworth, magistrada de la Corte Internacional de Justicia (CIJ); Philippe Gautier, Secretario de la CIJ; Bernard Bot, exministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos; Mario Oyarzábal, embajador de Argentina ante Países Bajos; Marisol Flavia Aguero, embajadora del Perú ante Países Bajos; y Philippe Cavalieros, socio en Simmons & Simmons Paris.

Este estudio, realizado por la investigadora del Departamento de Derecho Internacional Público de la UC3M, Florabel Quispe Remón, analiza el origen y la evolución de la justicia transicional determinando sus características, el contexto histórico y político en el que se desarrolló y el papel de esta figura legal en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Muchos de estos delitos no han sido investigados por los gobiernos que sucedieron a otros que habían cometido violaciones de derechos humanos. En muchos casos, se han adoptado leyes de amnistía, dejando desprotegidas a las víctimas directas e indirectas”, explica la investigadora.

La investigación describe cómo la Corte Interamericana (institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos) debe aplicar las medidas destinadas a hacer valer los principios básicos de la justicia transicional. 

Entre estos principios destacan el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, el derecho a la memoria histórica y a conocer la verdad sobre lo ocurrido, la obligación del Estado de asumir la responsabilidad y reparar los daños y el fin de la impunidad para los responsables de los hechos. “Esto implica la adopción de mecanismos que faciliten el acceso a la justicia de los grupos vulnerables teniendo en cuenta sus necesidades, así como la designación de Comisiones de la Verdad y el establecimiento de órganos específicos encargados de recabar información sobre las víctimas y los hechos, dejando un registro de lo sucedido”, afirma Quispe.

El fin último de la justicia transicional es la reconciliación de la sociedad, puesto que la impunidad ante estos crímenes crea un resentimiento arraigado que impide la convivencia pacífica. Que los Estados se declaren responsables de las acciones de los gobiernos es el primer paso para recuperar la confianza de la población en sus instituciones y en sus países.

Más información:

Quispe Remón, F. (2021). Transitional Justice, Victims and Human Rights in the Light of International Law and the Inter-American System of Human Rights. The Age of Human Rights Journal, (17), 300–327. https://doi.org/10.17561/tahrj.v17.6440

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Aunque el 80,6 % de los trabajadores de estas plataformas se benefician en términos de flexibilidad y fácil acceso al empleo, los problemas derivados de una clasificación errónea de su situación laboral se traducen en costes monetarios sustanciales para los Estados miembros de la Unión Europea, ya que el bajo nivel de impuestos aplicados a los autónomos implica que los países pierdan ingresos destinados a sus presupuestos generales. 

De esta manera, el informe constata que la inseguridad jurídica general impide el cumplimiento de las normas laborales y tributarias, así como las normas de protección social relativas a la falta de desarrollo profesional, el tiempo de trabajo no remunerado, o los posibles riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, entre otros.

«La iniciativa ha sido diseñada para abordar tres cuestiones fundamentales: la clasificación jurídica de los trabajadores; el algoritmo que usan las plataformas y su composición; y las cuestiones de aplicación y transparencia en la normativa, a nivel transfronterizo europeo, afirma Ana Belén Muñoz, del grupo de investigación Derecho del Trabajo, Cambios Económicos y Nueva Sociedad.

El informe plantea una serie de pautas destinadas a determinar la situación laboral de los trabajadores de plataformas mediante un conjunto de criterios destinados, fundamentalmente, a propiciar su conversión de autónomos a trabajadores asalariados. Así mismo, el estudio aborda la propuesta de la Directiva relativa a informar y consultar acerca de las cuestiones relacionadas con los algoritmos de estas plataformas. Por último, recomienda que las plataformas declaren su actividad en el país en que se lleva a cabo y que pongan a disposición de las autoridades nacionales determinada información acerca de las personas que trabajan a través de ellas.

Para obtener estos resultados, la metodología utilizada consiste en una triangulación que ha combinado, además de la revisión de las normativas previas, el análisis de cuatro plataformas digitales de trabajo: Upwork, Freelancer.com, PeoplePerHour y Guru.com; una encuesta en línea para trabajadores de estas plataformas y otros trabajadores asalariados de nueve de los veintisiete Estados miembros; y entrevistas con grupos de interés.

Las entrevistas con responsables de las plataformas muestran que si estas se ven obligadas a cambiar su modelo de negocio para convertir en asalariadas a las personas que prestan servicios a través de ellas, sólo podrían contratar a una parte de sus trabajadores actuales. Además, una de las plataformas entrevistadas, ubicada en el sector del delivery, afirmó que los costes de envío aumentarían entre un 30 % y un 40 %. No obstante, el informe insiste en que el objetivo de las propuestas es mejorar las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales y, al mismo tiempo, apoyar las oportunidades, la innovación y la flexibilidad que ofrece la economía de plataformas: «Aunque la situación actual trae ciertos beneficios (...) las consecuencias de la ausencia de una relación laboral son mucho mayores».

El estudio ha recibido el apoyo financiero del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social «EaSI» (2014-2020).

Más información:
European Comission. (2020). Study to support the impact assessment of an EU initiative to improve the working conditions in platform work.

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Por otra parte, la UC3M es la mejor universidad pública española en el ranking de universidades en las que cursaron el grado los abogados en prácticas de los 15 mayores bufetes. Se sitúa detrás de ICADE y por delante de universidades como la Autónoma de Madrid o Deusto.

El informe “Universidades y Despachos 2021” publicado por El Confidencial, que incluye 55 universidades y escuelas de negocio, pretende convertirse en una herramienta para conectar firmas, centros universitarios y futuros abogados. “Este estudio analiza, por primera vez en España, en qué centros universitarios buscan los grandes bufetes a los futuros abogados”, resaltan los autores del informe.

Para su elaboración, las 15 principales firmas por facturación han facilitado los datos de las universidades en las que han cursado el grado y el máster de acceso los profesionales que este año inician (o han iniciado) las prácticas previas a su incorporación al mercado laboral. “Muchos de los jóvenes que superen con éxito esta etapa serán finalmente contratados e iniciarán la carrera por convertirse en las futuras estrellas de la abogacía española”, indican desde El Confidencial.

La búsqueda y atracción del mejor talento es una de las principales preocupaciones de los grandes despachos de abogados. “Desde los departamentos de RRHH, se diseñan y ejecutan con especial mimo los procesos de selección para detectar los perfiles que mejor se ajustan a la cultura y espíritu de trabajo de la firma. Una captación, por otra parte, que cada vez se inicia en edades más tempranas. Antes de que los futuros abogados terminen el grado, los ‘ojeadores’ de los principales bufetes del país ya sondean las promociones de las mejores universidades en busca de los mejores expedientes”, señala el diario. 

Más información:
https://www.elconfidencial.com/juridico/2021-07-13/ranking-universidades-bufetes_3179628/

“Se trata de una compilación de los estándares protectores de la libertad de expresión adaptada a las necesidades de los operadores jurídicos que trabajan en el ámbito penal, y especialmente orientada al trabajo de instrucción penal; organizada por tipos de delitos y por conceptos jurídicos”, explica el coordinador del proyecto, Jacobo Dopico, catedrático del Área de Derecho Penal de la UC3M, que apunta que esta herramienta también puede resultar de utilidad para periodistas que deseen buscar contexto para posibles noticias de este tipo.

Para afrontar decisiones como la admisión o inadmisión a trámite de una denuncia o querella, el sobreseimiento o la continuación de un proceso penal, e incluso la absolución o condena por este tipo de delitos, LibEx ofrece un análisis de los principales aspectos materiales y procesales de cada uno de estos delitos y una  exposición exhaustiva de la casuística a la que se han enfrentado los tribunales españoles y europeos.

El trabajo realizado por el grupo de expertos de LibEx se centra en temas relacionados con la libertad de expresión en el contexto de una sociedad abierta y pluralista: “Compartimos una preocupación por la libertad de expresión”, señala Dopico. LibEx es un proyecto que surgió partir de un pequeño colectivo de académicos (el Grupo de Trabajo sobre Libertad de Expresión) al que se han ido sumando investigadores de procedentes de distintas universidades (Barcelona, Carlos III, Complutense, Jaume I de Castellón, Murcia, Oviedo, País Vasco, Rey Juan Carlos, Valladolid) y letrados y ex-letrados del Tribunal Constitucional. En la actualidad, el proyecto se realiza en el seno del Grupo de Estudios de Política Criminal en colaboración con la UC3M, a través de un convenio de colaboración dirigido por el profesor Jacobo Dopico. 

Más información: web del proyecto LIBEX 

El rey Felipe VI, que presidió el acto y cuyo discurso clausuró la entrega, felicitó a Tomas de la Quadra-Salcedo por el galardón recibido y destacó su compromiso con el servicio público, social y con la Constitución. Además, señaló la labor encomiable de los juristas en nuestra sociedad poniendo en valor la importancia del Estado de Derecho.

Por su parte, el presidente de Grupo Pelayo, José Boada, dedicó unas palabras al galardonado, que “pertenece a una generación de políticos, de diferentes ideologías, que con sabiduría, generosidad y altura de miras supieron conformar como objetivo común el progreso de nuestra sociedad". Joaquín Tornos, miembro del jurado de los galardones fue el encargado de hacer una lautadio de Tomás de la Quadra-Salcedo, en la que lo definió como "una persona comprometida socialmente, un servidor público, un brillante académico, y sin duda alguna, un gran jurista, prismas diferentes que al unirse en una misma persona configuran un ser excepcional".

Por su parte, Tomás de la Quadra-Salcedo dedicó unas palabras a todas las víctimas de la pandemia y tuvo un especial recuerdo por Landelino Lavilla, tantos años presidente del Jurado del Premio Pelayo, por su calidad humana y por su entrega al servicio del país. En su discurso destacó la importancia de la apertura y generosidad de todas las fuerzas políticas al pacto constitucional ante el objetivo común de alcanzar una democracia representativa, poniendo en valor la Carta Magna como garantía de un futuro abierto a la esperanza. De la Quadra-Salcedo, alertó de los riesgos de que la sociedad se pierda en los discursos populistas y demagogos y se refirió a la Constitución española como un acuerdo para construir "nuestro régimen de convivencia - el mejor de nuestra historia- con un extraordinario respaldo del pueblo español. Es por ello indispensable continuar manteniendo tal régimen de convivencia y esforzarnos en la plena observancia y realización de nuestra Carta Magna como garantía de un futuro abierto, siempre, a la esperanza".

El Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, que alcanza su vigésima sexta edición, está dotado con 30.000 euros y una estatuilla conmemorativa. Entre sus premiados cuenta con una relevante representación del mundo jurídico, como: Eduardo Torres-Dulce, ex-fiscal general del Estado y actual of counsel de Garrigues; Fernando Ledesma, exministro de Justicia y consejero permanente de Estado; Gregorio Pérez-Barba, uno de los padres de la Constitución; o Joaquín Ruiz-Giménez, primer Defensor del Pueblo español. En las dos últimas ediciones el galardón fue concedido a Encarnación Roca Trías, vicepresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho Civil, y Antonio Garrigues Walker, presidente de honor de Garrigues.

En Artes y Humanidades, la UC3M se encuentra entre las 400 mejores universidades a nivel internacional, según el WSR 2021 Arts and Humanities del THE, mientras que figura entre las 500 mejores del mundo en Ciencias Informáticas, según el WSR 2021 Computer Science.

Asimismo, la Universidad también ocupa puestos destacados en Ciencias Sociales (WSR 2021 Social Sciences) y en Ingeniería (WSR 2021 Engineering), donde aparece entre las 600 mejores del mundo. Además, la UC3M también ocupa un lugar destacable a nivel mundial (en el Top 800) en Ciencias Físicas, según el WSR 2021 Physical Sciences.

Esta clasificación por materias utiliza la misma metodología que el World University Rankings del THE. Para ello, se analizan trece indicadores de rendimiento en cinco grandes categorías: docencia, investigación, citas científicas, proyección internacional y relación de la universidad con la industria (innovación). La metodología se ha recalibrado para adaptarse a los distintos campos académicos analizados.

Más información: Web del ranking THE by subject 2021

Esta nueva edición, en la que se han inscrito más de una treintena de equipos universitarios, celebrará su fase oral del 20 al 24 de abril, con un total de 49 audiencias virtuales en las que los equipos competirán entre sí y que contarán con la participación de más de 160 árbitros. La final se celebrará el día 24 de abril a las 17h en la sala virtual “Corte de Arbitraje de Madrid” y será retransmitida en directo a través de streaming en un enlace de YouTube disponible en la página web del Moot Madrid (ver también abajo).

Los participantes han estado trabajando desde el pasado mes de noviembre en el caso que tendrán que afrontar durante la competición. A partir de este caso, elaborado por profesores de Derecho Mercantil de la UC3M y colaboradores de este evento externos a la institución, los futuros abogados han redactado un escrito de demanda y otro de contestación.Tras esta fase escrita, los participantes miden sus dotes y habilidades orales en las rondas generales. Cada equipo competirá hasta en cuatro ocasiones contra diferentes adversarios, alternando las posiciones de demandante y demandado. Los equipos universitarios con las mejores puntuaciones en las rondas generales pasarán a las rondas eliminatorias y solo dos se enfrentarán en la final.

Este evento cuenta con el patrocinio del Club Español de Arbitraje, la Corte de Arbitraje de Madrid y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. También cuenta con el apoyo de las siguientes firmas de abogados: Allen & Overy, Andersen Tax & Legal, DLA Piper, Ramón y Cajal Abogados, Roca Junyent, Baker & McKenzie, Broseta, Clifford Chance, CMS, Albiñana & Suárez de Lezo, Cuatrecasas, Deloitte Legal, Garrigues, Gómez Acebo y Pombo, Pérez-Llorca, Sagardoy B&L School y Uría Menéndez.

Más información: http://www.mootmadrid.es/2020

Enlace del canal de YouTube en el que se retransmitirán las sesiones:
https://www.youtube.com/channel/UCnXrzO1KdbMdbNinuVCFHjw/videos?disable_polymer=1

Además de másteres universitarios oficiales, la UC3M ofrece numerosos títulos propios a través de su Escuela de Formación Continua. Esta oferta de estudios está integrada fundamentalmente por másteres propios y titulaciones de experto y especialista, además de otros cursos, diplomas y seminarios.

Como novedades para el nuevo año académico, la UC3M presenta tres nuevos títulos propios: el Máster en Imagen de Moda: Estilismo y Medios Audiovisuales VOGUE-UC3M; el Máster UC3M-Diagonal TV en Creación de Series de Ficción para Televisión; y el Especialista en Derecho del Mercado del Arte.

Periodos de inscripción 

Actualmente se encuentra abierto el segundo periodo de admisión (hasta el 31 de marzo) para la inscripción en los másteres universitarios oficiales del curso académico 2020/21, así como el plazo para solicitar alguna de las 174 ayudas convocadas para el pago de la matrícula de máster. Posteriormente, habrá un tercer periodo de inscripción, desde el 1 de abril, para las titulaciones con plazas vacantes.

La UC3M cuenta con una variada oferta de programas de formación de segundo ciclo. En total, se imparten más de 60 másteres universitarios oficiales en las ramas de Derecho, Economía y Ciencia Política, Empresa, Humanidades y Comunicación e Ingeniería y Ciencias Básicas y más de 50 programas propios. Alrededor de un 10 por ciento de los programas son bilingües y en torno a un 20 por ciento del total se imparten en inglés. 

La UC3M es una universidad pública española que destaca en docencia, investigación e innovación. Ocupa el puesto 34 a nivel mundial en el ranking QS de las 50 mejores universidades del mundo con menos de 50 años y está incluida en el Times Higher Education (THE) 150 Under 50. Es la primera universidad en España y tercera en Europa por el número de estudiantes que participan en el programa Erasmus y mantiene más de 870 acuerdos con universidades de 56 países, entre las que se encuentran algunas de las mejores del mundo según el ranking de la universidad de Shangai. El 35% de los estudiantes de postgrado de la UC3M son internacionales. La UC3M cuenta con numerosas acreditaciones y distinciones de calidad, como el sello EUR-ACE en el ámbito de las ingenierías, AMBA en su MBA o la prestigiosa  acreditación internacional AACSB en los programas de empresa y finanzas, entre otros.

Más información: 

Web del Centro de Postgrado de la UC3M

“Hemos observado que el sistema estatal de compensación a las víctimas es un absoluto desastre y que las víctimas de delito sexual reciben indemnizaciones muy pocas veces”, indica la autora del estudio, Helena Soleto, catedrática de Derecho Procesal de la UC3M. Estas ayudas suelen servir para pagar tratamientos terapéuticos para superar los traumas a las víctimas y se ha comprobado que normalmente no suelen superar los 800 euros por víctima, muchas veces menor de edad. 

La víctima de violencia sexual normalmente es una mujer (en el 80 por ciento de los casos). El resto suelen ser hombres, en este caso en su mayoría niños. Los delitos más graves en este contexto son el abuso, la agresión sexual (violación) y la trata de seres humanos con fines de prostitución. 

“El Estado, en teoría, proporciona unas indemnizaciones a víctimas de delitos sexuales que están reguladas en una ley de 1995. En la práctica, hemos visto que más o menos la mitad de esas solicitudes provienen de niños y que el Estado rechaza darles una indemnización que, además, sólo puede ser usada para hacer terapia”, explica Helena Soleto. 

Estudiar el sistema de compensación en Europa 

Este estudio realizado en España forma parte de FAIRCOM (Towards fair and effective compensation scheme to victims of sexual violence; GA 847360), un proyecto de investigación financiado por el Programa de Justicia de la Unión Europea (2014–2020) que aglutina a seis socios de cinco países (España, Grecia, Italia, Letonia y Países Bajos). El proyecto está liderado por la UC3M bajo la dirección de Helena Soleto y participan investigadores de diversas áreas como Estadística e Informática, además de Derecho.

El propósito principal de este proyecto es diseñar y promover un modelo eficiente y efectivo para una compensación justa y adecuada para las víctimas de delitos sexuales. El consorcio se propone modificar el  modelo deficitario actual de reparación a las víctimas de violencia sexual en cada país mediante el diagnóstico de obstáculos legales y organizativos que impiden a las víctimas reclamar y acceder a su derecho a la reparación efectiva. Además, trata de identificar y desarrollar buenas prácticas para superar estas barreras y permitir a las víctimas ejercer sus derechos de forma eficaz. “No basta con que exista una norma que en teoría proteja, sino que lo haga en la práctica. En definitiva, queremos que exista un sistema de indemnizaciones justo para las víctimas de delito sexual”, concluye Soleto.

Referencia bibliográfica: 

Soleto Muñoz, Helena (2020). La ineficacia del sistema de justicia español para reparar económicamente a las víctimas: un espacio para la justicia restaurativa. Teoría y Derecho, Revista de Pensamiento Jurídico. Editorial Tirant. ISSN: 1888-3443. https://teoriayderecho.tirant.com/

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Esta colaboración nace con el objetivo de convertirse en un proyecto cuyos resultados se vean reflejados en el sector legal, a nivel académico y empresarial.  Con este fin, además del estudio y análisis de los marcos normativos nacionales, europeos e internacionales, la Cátedra hará especial hincapié en la divulgación de sus conclusiones. Para ello, destinará parte de sus recursos a la publicación de libros e informes, a la organización de congresos y conferencias y, en definitiva, a la difusión del conocimiento fruto de su investigación.

El acto de firma del convenio ha tenido lugar en el campus de Getafe de la UC3M, con la presencia del rector, Juan Romo, y del socio director del despacho de abogados, Luis Fernando Guerra. Juan Romo ha expresado “su satisfacción por la firma de la cátedra, que permite una colaboración estrecha entre la Universidad y Deloitte Legal con el objetivo de crear un entorno de investigación para realizar actividades académicas y de difusión jurídica en una disciplina tan importante en la vida de las empresas como es el Derecho Mercantil. Es, además, una excelente oportunidad para potenciar la formación de juristas en cualquier ámbito relacionado con el derecho empresarial”.

Por su parte, Luis Fernando Guerra ha destacado la idoneidad del momento en el que arranca la cátedra “por la necesidad de concretar un espacio de reflexión teórica y desarrollo práctico. El cada vez más complejo marco normativo al que se enfrentan las compañías justifica la dedicación de recursos humanos y materiales a su análisis y estudio. Realizar esta tarea con el apoyo académico de la UC3M nos permite involucrar también en esta labor a los estudiantes, que serán quienes asesorarán a las empresas el día de mañana”.

Esta Cátedra, codirigida por la profesora del Departamento de Derecho Privado de la UC3M, Pilar Perales Viscasillas, y por la socia responsable del área Corporate M&A Legal en Deloitte Legal, Sharon Izaguirre Gómez, cuenta en su Consejo Académico con representantes del ámbito jurídico de distintas entidades, como: el Banco Santander; la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid; el Colegio de Abogados de Madrid; Iberdrola; Mapfre y Telefónica.

Web de la Cátedra Deloitte Legal de Derecho Empresarial

En lo referente a los motivos por los cuales este cuarto proceso de paz en Colombia sí que se ha logrado, Juan Manuel Santos explicó que no tiene una respuesta única: “Se planeó muy bien, hicimos una serie de ejercicios precisos de aprender de otros procesos que han fracasado. Con las FARC había mucha desconfianza y diferencias, pero había que generar precisamente eso, confianza. Fue bonito ver cómo durante dos años negociando logramos establecer los seis puntos de la agenda que hicimos públicos en Oslo”. Según Enrique Santiago, “fue un método de choque el crear una comisión de trabajo aislando las partes y, sin lugar a dudas, una estrategia muy elaborada con un resultado favorable para ambas partes que sabían que no iban a ganar militarmente la guerra. Tenían más que ganar que perder”.

Siendo preguntado por el actual momento de transición que vive la sociedad colombiana, con una parte de la población descontenta con el acuerdo, el ex-presidente comentó: “Teníamos que conseguir el máximo de justicia que nos permitiese la paz. Eso dice todo y a la vez nada, pero eran las instrucciones. No importa dónde se trace la línea entre paz y justicia porque siempre va a haber gente descontenta. Hago hincapié en que debemos realizar un ejercicio de pedagogía para llevar a cabo esta justicia porque hay un elemento de reparación muy importante y que las víctimas jugaron un papel muy importante. Ahora el objetivo es reparar”.

En este sentido, el ex-asesor en las negociaciones añadió que “al proceso le ha faltado apoyo de sectores claves que en lugar de darlo se dedicaron a hacer demagogia. El problema del conflicto colombiano, también destacado por politólogos y expertos, es por la propiedad de la tierra y ello hace que aún haya problemas con la usurpación de las tierras de los campesinos; ahora está paralizado, es lo que más me preocupa y está parado”.

Juan Manuel Santos destacó lo positivo de este proceso: “El sentimiento más poderoso es el amor, por eso si uno va a sus orígenes entiende que debamos de tratar a las FARC como humanos y colombianos, respetando así a los derechos humanos de los adversarios, que no enemigos. Pensando así, ha hecho que algo que parecía imposible hace 10 años… el acuerdo se ha hecho posible gracias al diálogo, a la empatía y a no suspender nunca la voluntad de solucionar los problemas”. 

Por su parte, Enrique Santiago enfatizó que hay otra visión de país, otra reorganización del escenario político que garantiza que Colombia mejore desde todos los puntos de vista. “Fui el único extranjero en el equipo negociador y no hay nada más satisfactorio que detener una guerra. Siempre hay un espacio común, empatías y sinergias”. Por otra parte, Juan Carlos Henao explicó cómo surgió el proceso de negociación: “Empezamos en blanco unas negociaciones muy difíciles y la labor de Santos y Enrique fue vital. Pero esto no es cosa de nombres ni de protagonistas. Fue un enorme esfuerzo colectivo lo que permitió la elaboración del texto y de una nueva realidad para Colombia”. 

La finalidad de este proyecto es el análisis de la situación y la mejora de la satisfacción “de un derecho (el acceso a la justicia) que es la puerta de entrada a la protección del resto de los derechos”, comenta Rafael de Asís. Para llevarlo a cabo, los investigadores realizarán un estudio de la normativa y las barreras que existen en este ámbito, en diálogo con las propias personas con discapacidad, y pondrán en marcha cursos y talleres dirigidos a la comunidad jurídica. En este sentido, el pasado 11 de abril tuvo lugar un seminario en el campus de Madrid-Puerta de Toledo de la UC3M en el que se se trataron temas como las barreras de las personas con discapacidad durante el proceso judicial y las consecuencias de las decisiones judiciales relativas a las libertades de éstas.

“A pesar de que el acceso a la justicia es uno de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y que forma parte de los Tratados Internacionales en materia de derechos ratificados por España, todavía existen multitud de barreras para la satisfacción de este derecho en el ámbito de la discapacidad. Las más visibles son las barreras físicas, pero junto a ellas están también las cognitivas, que afectan a muchas personas (y no solo a las consideradas como personas con discapacidad)”, afirma De Asís. Y esta situación, añade, es muy parecida a lo que ocurre en el resto de países europeos.

Para lograr los objetivos propuestos, se desarrollarán diversas actuaciones. Por un lado, se realizará un análisis del estado del acceso a la justicia universal por parte de las personas con discapacidad. Por otro lado, se diseñará un curso masivo abierto en línea (MOOC) sobre esta materia. Además, se creará una base de datos sobre normativa, jurisprudencia y buenas prácticas de acceso a la justicia.

Just4All es un proyecto financiado por el Programa de Justicia de la Unión Europea (número 807006) coordinado por Fundación ONCE, que se desarrolla entre 2018 y 2021, en el que participa la UC3M junto con otras organizaciones y empresas: European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), European Disability Forum (EDF) y Thomson Reuters Aranzadi. Además, cuenta con apoyo internacional del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el European Foundation Center (EFC) y la Unión Internacional del Notariado.

Más información: Web del proyecto Just4All

“Todo el sistema está basado en intentar dar credibilidad a la estructura de gobernanza económica establecida al efecto en la UE. El derecho intenta, teóricamente al menos, apoyar la credibilidad del sistema. La lógica que impera es precisamente esa: que el derecho sirva para dar credibilidad a todo el edificio de gobernanza económica europea”, explica el profesor Estella, que ha publicado recientemente estos resultados de investigación en el libro “Legal Foundations of EU Economic Governance” (Cambridge University Press).

Entre las posibles medidas a adoptar, se plantea una ampliación del mandato del Banco Central Europeo, según el modelo de la Reserva Federal; la creación de una unión fiscal en el ámbito europeo, o la integración de estabilizadores automáticos en los presupuestos comunitarios, entre otras propuestas.

La investigación también señala los problemas que plantea el marco regulatorio que se adoptó durante la crisis económica de 2008, al ser un conjunto de medidas que “se implantaron de forma tardía y que no proporcionaron soluciones efectivas a medio y largo plazo”.

Además, el estudio también plantea la conveniencia de incorporar más análisis de tipo cuantitativo en el ámbito jurídico: “Se debería investigar atendiendo más a los datos y a las cifras”, comenta el profesor, que insiste en la necesidad de formar también a  los nuevos investigadores del derecho en este tipo de metodologías, con el objetivo de que el derecho como ciencia gane una mayor relevancia científica y social.

Esta investigación se ha realizado en el marco de la convocatoria 2016 del Ministerio de Economía y Competitividad para proyectos I+D del programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia, bajo el título “Unión Europea en el contexto de los tratados de nueva generación: entre la reforma institucional y la protección social”. El investigador principal de este proyecto es el profesor Julio González García, de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Referencia bibliográfica: Estella, A. (2018). Legal Foundations of EU Economic Governance (Law in Context). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781316493243

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“Por ejemplo, para comercializar un nuevo teléfono móvil hay que tener en cuenta un ingente número de patentes e inventores y es posible que se produzca esa fragmentación”, explica una de las investigadores que ha participado en este proyecto, Ester Martínez Ros, del departamento de Economía de la Empresa de la UC3M.

Esta situación, que ha generado una “guerra de patentes” y un aumento en el número de litigios, ralentiza y dificulta el proceso de obtención de este tipo de títulos, según los investigadores. De hecho, existen unas entidades - conocidas como “patent troll” - que se caracterizan por causar un elevado número de litigios, al imponer sus patentes de una forma excesivamente agresiva u oportunista e incluso sin la intención de fabricar o comercializar el producto objeto de la patente.

De acuerdo con los resultados del proyecto,  se podrían adoptar varias medidas para combatir esta problemática. Por un lado, unificar el tratamiento de las diferentes demandas de infracción de patentes en los mismos tribunales, para que lleguen a ellos tanto las demandas de nulidad como aquellas que abordan la infracción. “Además, convendría que estas demandas no llegaran a tribunales genéricos, sino a instancias judiciales especializadas en estas cuestiones”, añade Ester Martínez Ros. Por otro lado, se podrían limitar las medidas cautelares en los litigios de infracción de patentes a casos muy concretos que no atenten contra el interés general, de cara a dinamizar y no bloquear determinados avances en este mercado. Además, los expertos recomiendan seguir apostando por unos procesos que garanticen la concesión exclusivamente de patentes de alta calidad, que cumplan unos altos niveles de exigencia.

También se ha identificado la necesidad de reforzar la formación y divulgación sobre la propiedad industrial y, en concreto, sobre las patentes, dado que se ha constatado un conocimiento limitado de aspectos relevantes por parte de determinadas entidades, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. “En muchos de los países que hemos estudiado, como ocurre en el caso español, las patentes las emplean mucho más las grandes empresas que las pymes, por lo que estaría muy bien dar mayor visibilidad a determinados elementos del sistema de patentes para conseguir mejorar esta situación”, concluye la profesora Ester Martínez Ros.

El proyecto CIFRA (Challenging the ICT Patent Framework for Responsible Innovation) ha recibido financiación del programa marco de la Unión Europea Horizonte 2020, bajo el número de acuerdo 731940.

Más información:

Proyecto CIFRA http://www.cifra-h2020.eu/

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El Moot se estructura en más de 55 audiencias, que tendrán lugar en 13 localizaciones diferentes y en las que participarán más de 160 árbitros, algunas de las cuales se celebran en las oficinas de los colaboradores. El objetivo es potenciar el conocimiento de los textos del Derecho Uniforme, aumentar el uso del arbitraje comercial y fomentar el uso del español en las transacciones internacionales entre los futuros abogados.

Demanda y contestación

Los participantes del Moot Madrid han estado trabajando desde el pasado mes de noviembre en el caso que tendrán que afrontar durante la competición. A partir de este texto, elaborado por profesores de Derecho Mercantil de la UC3M y colaboradores de este evento externos a la institución, los futuros abogados han redactado un escrito de demanda y otro de contestación.

Tras esta fase escrita, el 16 de abril comienza la fase oral. En ella los participantes miden sus dotes y habilidades orales en las rondas generales. Cada equipo competirá hasta en cuatro ocasiones contra diferentes adversarios, alternando las posiciones de demandante y demandado. Los equipos universitarios con las mejores puntuaciones en las rondas generales pasarán a las rondas eliminatorias y solo dos se enfrentarán en la gran final.

La decisión de quién será el ganador de esta décima final recae en tres árbitros de reputado prestigio internacional: Deva Villanúa, perteneciente a la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI); Guido Carducci, miembro de la Comisión de la Cámara de Comercio Internacional de París (ICC), y Martín Doe Rodríguez, asesor jurídico senior en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

Este evento cuenta con el patrocinio de la Corte de Arbitraje de Madrid, de la Cámara de Comercio e Industria y de KPMG, así como con la colaboración de la Asociación para la Cultura del Mooting (ACMEY) y del Club Español del Arbitraje (CEA). También cuenta con el apoyo de las siguientes firmas de abogados: Baker & McKenzie, B. Cremades y Asociados, Clifford Chance LLP, CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Cuatrecasas,, Gonçalvez Pereira, DLA Piper, Garrigues, Gómez Acebo & Pombo, Pérez-Llorca, Ramón y Cajal Abogados, Roca Junyent y Uría Menéndez.

Más información: http://www.mootmadrid.es/2018/  

El foro reúne a representantes del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, de la OCDE, y a funcionarias y funcionarios y de ministerios públicos, instituciones de justicia y procuradurías de Argentina, Brasil, Colombia, España o Portugal. Por parte de la sociedad civil participan expertos de los capítulos de Transparencia Internacional de Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. Por parte de la academia, intervienen profesores de las universidades de Buenos Aires, Complutense y Carlos III de Madrid que participan en el proyecto de I+D “La responsabilidad penal de empresas transnacionales por violaciones a los Derechos Humanos y al Medio Ambiente” y en el  “Programa Interuniversitario Cultura de la Legalidad”.

El objetivo último es lograr un diagnóstico de la situación, identificar buenas prácticas y generar recomendaciones estratégicas que puedan tener incidencia en espacios como la VIII Cumbre de las Américas de 2018 en Lima (Perú), el G-20 y C-20 de este año en Argentina o la Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe.

La inauguración de este encuentro ha contado con la presencia de autoridades de la UC3M, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), así como de la Consejería Regional para las Américas y del Secretariado de Transparencia Internacional (TI) en Berlín.

La cooperación internacional es una herramienta indispensable para combatir casos de corrupción de manera efectiva, ya que la búsqueda de pruebas y evidencias requiere la colaboración entre diferentes jurisdicciones. Esto ocurre, por ejemplo, en la localización de activos en el extranjero o en los pedidos de asistencia legal recíproca o de extradición. Además, los casos de corrupción transnacional suelen ser complejos y políticamente sensibles, señalan los expertos. Por tanto, su tratamiento requiere de una gran cantidad de recursos, voluntad política y un buen planeamiento.

A pesar de que se han producido progresos considerables en investigaciones y enjuiciamientos para crímenes graves a nivel bilateral, regional e internacional, todavía existen serios desafíos en las investigaciones de casos de corrupción. Según una encuesta de la OCDE de 2015, el 70% de los funcionarios que trabajan en anticorrupción considera que existen numerosos obstáculos en materia de asistencia legal recíproca que impactan negativamente en su trabajo. Algunos de ellos están asociados a las diferencias idiomáticas, la doble incriminación (dual criminality), la inmunidad, asuntos de carácter fiscal o el secreto bancario, entre otros.

Mi proyecto CONEX está dirigido a los límites que la razón puede poner a la autoridad. El concepto tradicional de autoridad legal indica que las leyes estatales obligan a los ciudadanos a obedecer, pero los problemas surgen cuando quienes están sujetos a la autoridad consideran razonablemente que una ley estatal es injusta o moralmente equivocada o simplemente e ineficaz o incoherente. En estos casos, puede haber retos a la autoridad de una ley o a la de un conjunto de leyes. La obediencia civil es la norma, pero los desafíos a la autoridad son algo común. Estoy interesado en lo que hace legítimo un desafío y en lo que no, y lo que esto nos dice no solo sobre autoridad sino también sobre poder, coerción y obligación.

¿Cuándo es legítima la desobediencia civil?

No hay una respuesta fija o fácil para esta pregunta porque las situaciones que implican la desobediencia civil deben ser enfocadas sobre la base del caso por caso. Lo que podemos decir, generalizando, es que cada situación incluirá consideraciones tanto legales como morales. Obviamente, una ley impone una obligación legal y desobedecerla es legalmente ilegítimo. Pero la obligación moral es diferente, procede solamente del juicio de valor de cada uno. Una obligación moral puede obligar a un individuo a desobedecer una ley, y esto sería también legalmente ilegítimo, pero, al menos para la persona concernida, sería moralmente legítimo.

¿Podríamos considerar el desafío soberanista catalán un buen ejemplo de esta dicotomía entre razón y autoridad?

Es un buen ejemplo porque la cuestión central es la reivindicación del estado español de su autoridad tanto legal como moral o política en relación con la soberanía catalana. España tiene de hecho autoridad legal sobre Cataluña y también reivindica que esta autoridad está moralmente y políticamente justificada. En general, la vigente autoridad legal del estado español en Cataluña es aceptada por las dos partes en disputa. Obviamente, hay excepciones: quienes, por ejemplo, luchan en favor de una secesión sin consulta parecería que discuten la reivindicación básica española de la autoridad legal. Sin embargo, aquellos que abogan por que el asunto sea decidido por referéndum, ya sea en Cataluña o en España, aceptan de hecho la situación legal. A ellos no les gusta, pero lo aceptan como una parte de la realidad constitucional española. El conflicto profundo se encuentra en los dominios morales y políticos, en los que hay argumentos basados en la razón en ambas partes. Muchos, en Cataluña y en otros lugares, argumentan que España tenga autoridad es moral y políticamente equivocado, dicho de otro modo, quieren que su punto de vista moral y político sea reconocido y establecido legalmente.

En su proyecto, sitúa autoridad y razón como las principales ideas de la investigación. ¿Qué entiende usted por autoridad?

Creo que hay dos modalidades básicas de autoridad. En primer lugar, la autoridad que viene de las posiciones de poder o de condición y, en segundo, la autoridad que procede de la capacidad y la buena disposición para ser razonable y justa. Con frecuencia se tiene la primera pero no la segunda. Imagínese, por ejemplo, un golpe de estado militar tras el cual una constitución aceptada y en funcionamiento fuese reemplazada por una nueva constitución que permitiese a la junta militar gobernar por decreto y, si fuese necesario, violar derechos humanos básicos y otras normas. Supongamos que, de hecho, la junta promulga diversos decretos que violan los derechos humanos. En este ejemplo, la junta tiene la autoridad legal -la nueva constitución se la otorga- pero no tiene autoridad moral o política si su habitual violación de las normas básicas es percibida como irracional o injusta.  Por supuesto, ambas pueden existir simultáneamente – esta es la auténtica autoridad. Vamos a suponer que un movimiento de resistencia toma el poder de la junta con amplio apoyo popular. Imaginemos que este nuevo gobierno presenta una nueva constitución que limita su propio poder y que este gobierno busca legislar de forma razonable y justa. Esta es la auténtica autoridad. Pero incluso cuando la autoridad es auténtica su alcance es limitado porque, cualquiera que fuesen las obligaciones legales que pudieran existir, uno solo está obligado moralmente por los propios juicios de valor. Entonces, en el ejemplo del movimiento popular que toma el poder, incluso ese gobierno no puede reivindicar imponer una obligación moral o política para ser obedecida por todos -simplemente, no está dentro del poder de ningún gobierno hacer eso.

¿Qué entiende usted por razón?

La razón es una epistemología, una vía de conocimiento. Es también una forma de investigar situaciones, de tratar de entenderlas. Si queremos hacer juicios de valor responsables, para intentar ser justos y entender nuestras propias obligaciones, necesitamos pensar y actuar de forma razonable, y esto es aplicable tanto si estamos en una posición de autoridad como si somos los sujetos de esa autoridad.

¿Qué motivos le ha llevado a desarrollar un proyecto sobre este tema?

La naturaleza de la autoridad de las leyes ha sido siempre una cuestión central en la filosofía legal pero recientemente el discurso se ha hecho muy técnico y esto ha socavado su importancia en los desarrollos contemporáneos. Me interesé particularmente en cuestiones relacionadas con la autoridad legal cuando viví y trabajé en el sudeste asiático, antes de comenzar mi beca CONEX. Es en esta parte del mundo donde prevalece lo que se llama autoritarismo “blando”. Mi filosofía del derecho se opone a cualquier forma de organización social caracterizada por la sumisión a la autoridad, y con la aparición, en cualquier parte del mundo, de derivas significativas hacia versiones de autoritarismos blandos o “populistas”. Sentí que la conexión autoridad-razón era un sujeto apropiado para un proyecto de investigación. Desde entonces el mundo ha sido testigo de la propagación global de diversas formas de autoritarismos populistas, por tanto, el proyecto, aunque teórico, es bastante relevante para los acontecimientos contemporáneos.

¿Qué metodología aplica en su investigación?

Adopto un enfoque integrado desde un punto de vista conceptual que examina la autoridad en relación con otros conceptos, en particular con la moralidad, el poder, la coerción, la obligación, la justicia y el bien común. También adopto un enfoque interdisciplinar en mi investigación porque esos conceptos incumben asimismo a otras disciplinas distintas de la filosofía del derecho, tales como ética, filosofía política, ciencia política, antropología social y sociología.

¿Dónde suele investigar? ¿Cuál es su “laboratorio”?

Mi investigación es fundamentalmente conceptual, por tanto, la parte principal de mi trabajo práctico comporta leer mucho y escribir mucho. El acceso a los materiales de lectura es particularmente importante, por lo que las bibliotecas tradicionales y las bases de datos de las universidades son fuentes cruciales de esos materiales. También asisto y presento documentos de trabajo en conferencias y talleres sobre filosofía del derecho y temas relacionados. Facilitándome esto, el proyecto CONEX me ha permitido presentar y recibir feedback al trabajo que estoy desarrollando y estoy muy agradecido por ello.

¿Qué resultados espera alcanzar?

Hasta ahora he venido presentando documentos y publicando artículos enfocados a las relaciones conceptuales entre autoridad y coerción y entre autoridad, justicia y bien común. En lo que queda de mi beca, continuaré presentando y publicando mi investigación y espero contribuir a hacer el discurso legal-filosófico sobre la autoridad menos técnica y más relevante para los desarrollos contemporáneos.

¿Cree que estos resultados podrían tener una aplicación en el contexto político o regulatorio actual?

Cuestiones sobre obligación legal y formal y la relación entre ellas son temas centrales en la vida política. ¿Por qué la gente obedece la ley? ¿Por qué la gente desobedece la ley? ¿En qué tipos de situaciones está justificada la desobediencia civil? Creo que estas preguntas son siempre importantes y todas ellas entran dentro del ámbito de mi proyecto de investigación. Obviamente, tienen una gran relevancia en la actualidad porque vivimos un tiempo en el que están surgiendo diversas formas de autoritarismo populista.

¿Cuáles son las ventajas de investigar este tema en el marco de CONEX?

Las ventajas incluyen los tres años de duración del programa y la financiación de la investigación, lo que permite la participación en conferencias y talleres internacionales. La UC3M proporciona un estimulante entorno intelectual y el programa CONEX está excelentemente gestionado por Raquel Navalpotro Gil y Sara Cervilla Ferreyro y por la oficina OTRI. Asimismo, según mi experiencia, esta apoyado muy profesionalmente, por medio de todas las oficinas de la Universidad. Soy muy afortunado por estar trabajando con el Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia – GIDyJ, en el Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho. Estoy muy agradecido al director del grupo, José María Sauca Cano, y al director del departamento, Óscar Celador Angon, por su apoyo a mi investigación CONEX. También debo dar las gracias a María Victoria Cortés Bustos, cuyo apoyo administrativo al departamento ha sido inconmensurable.

El programa CONEX (CONnecting EXcellence) cuenta con el apoyo de la Unión Europea (acciones Marie Curie del 7PM, acuerdo de subvención nº 600371), del Ministerio de Economía y Competitividad  (COFUND2013-51509) y del Banco Santander, a través de Santander Universidades.

Mi trabajo pretende profundizar en el proceso de transición europea hacia la ‘sostenibilidad’ a través del análisis normativo y conceptual que se esconde detrás de este paradigma.

¿Piensa centrarse en algún aspecto en particular?

A través de este estudio, estoy analizando cómo este paradigma ha influenciado la política energética de España e Italia. Entender el compromiso efectivo de la UE en este proceso es importante, pues en España e Italia, en concreto, más que en muchos otros países europeos, la política de la Unión ha determinado no sólo la construcción de un cuerpo normativo sustancial de derecho ambiental e incluso una “ambientalización” de las políticas energéticas, sino que ha impulsado y reforzado también el cumplimiento efectivo de muchos de los objetivos y compromisos políticos de esta política ambiental comunitaria.

¿Qué rasgos han definido esa política ambiental europea?

La política ambiental de la UE ha sido ambiciosa desde sus inicios y ha irradiado una ética ecológica en dos sistemas legales en los que era inexistente, y en esto España (en el binomio España-Italia) se lleva la peor parte. Hoy, la política de sostenibilidad europea está representada por un exitoso sistema de lucha contra el cambio climático y de política energética que no deja indiferente al resto de potencias a nivel global. No obstante, hay mucho camino por recorrer para poder alcanzar una verdadera transición, que no sólo debe ser energética. Los mayores retos los debe afrontar la sociedad en su conjunto. Aunque el derecho es fundamental en todo este proceso, la educación es un gran reto. Por esa razón, desde el punto de vista jurídico, también quiero afrontar la política educativa.

¿Qué entiende por sostenibilidad en el marco de su proyecto?

La sostenibilidad nace como un concepto inclusivo y flexible, a la vez que evasivo. Esto puede ser un punto fuerte para un concepto que es multidimensional y que está en constante evolución. La sostenibilidad, tal y como nos la presentaban las Naciones Unidas en los objetivos del Milenio y en la maravillosa iniciativa de Agenda 21, con grandes ambiciones ambientales, no es la “sostenibilidad” que nos presentó Naciones Unidas en el 2015, encapsulada en la agenda “Transforming the World” y en los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Hoy, sin haber perdido su esencial componente ecológico, la sostenibilidad se orienta hacia aspectos que integran una mayor lucha por la equidad social, la justicia económica, la difícil situación de las realidades urbanas, así como hacia una concienciación de la necesidad de incrementar la legitimidad de otros tipos de gobernanza y la defensa de los intereses de los Estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, empresas, comunidades indígenas, locales y sociedad civil en general.

¿Qué motivaciones le han conducido a desarrollar una investigación sobre esta temática?

Desde el inicio de mi vida académica, me han interesado principalmente tres cosas: el medio ambiente, la educación y la cultura, y las políticas sociales. En la sostenibilidad, carente de contenidos prescriptivos concretos, he encontrado un sector que - a pesar de su flexibilidad y su banalización, que han causado el riesgo de convertirlo en retórica -resulta muy estimulante para un jurista precisamente por la constatación de las dificultades prácticas para su concreción en normas. Además, tratándose de una noción que no es exclusivamente jurídica, me permite acercarme a temas que estimulan un diálogo multidisciplinar que considero fundamental para hacer ciencia en cualquier campo hoy día.

Usted se ha formado en universidades de España, Escocia e Italia. ¿Son muy diferentes las realidades jurídicas de estos países en esta materia?

Sí, también Estados Unidos y Holanda han sido lugares importantes en mi formación académica. Obviamente cada uno de estos países tiene su riqueza en su forma de afrontar esta temática desde el punto de vista jurídico. El sistema jurídico escocés tiene la virtud de ser un sistema mixto ‘common y civil law’ (como Québec, Sudáfrica o Lousiana). España e Italia son dos sistemas continentales de cultura jurídica occidental que arraigan sus bases en el derecho romano. Sucede lo mismo con Holanda. Por supuesto, gracias al proceso de integración europea, todos estos países han tenido la posibilidad de armonizarse y formar parte del proceso de construcción de un proyecto europeo común que ha aceptado el paradigma de la sostenibilidad en mayor o menor medida, a pesar de todas sus deficiencias y retos actuales. Hay países, como Alemania y Francia, que tienen una normativa más avanzada. El modelo alemán, con sus leyes sobre transición energética, renuncia paulatinamente a la energía nuclear, y posibilita las condiciones para que la energía renovable encuentre un marco jurídico favorable, superando así a países como España o Italia. EE.UU., por su parte, representa un modelo de cultura jurídica que no ha dejado de influenciar en la ciencia en general y en materia ambiental en particular, ya que la justicia ambiental nació allí.

¿Cuáles son los principales desafíos, desde la perspectiva jurídica, para incluir la sostenibilidad y el medioambiente en la agenda política, en un período en el que dirigentes de potencias tan destacadas como EE.UU. ponen en cuestión el acuerdo de París y la incidencia del hombre en el medioambiente?

Hoy en día, a pesar de que algunos estados federales cuentan con leyes muy avanzadas desde el punto de vista ambiental y climático, como California… con la llegada de Trump y los intereses económicos internos no sabemos qué sucederá con el acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, en el que Trump no ha mostrado ningún interés hasta la fecha. Creo que los principales desafíos jurídicos se centran en dar respuesta a transformaciones sociales que requieren regulación, un marco jurídico. El urbanismo, por ejemplo, a tenor del gran papel que tienen las ciudades en la transición hacia la sostenibilidad, es un gran reto. También lo es la movilidad y la capacitación de la sociedad civil y los gobiernos locales para el acceso a la gobernanza, a la información y a la justicia. La tecnología ya está a nuestro alcance, la legislación también, pero falta normativa concreta en algunos sectores para legitimar los cambios necesarios en la educación, y los comportamientos sociales en torno a la energía y la relación de los ciudadanos con la movilidad sostenible. Recientemente hablé de los desafíos en la agenda política ambiental europea en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia y me referí a retos que están ligados a una agenda política llena de incertidumbres que pueblan la esfera global. El creciente aumento de movimientos “populistas” en la política, los problemas ligados a la seguridad internacional, y los flujos migratorios siguen siendo problemas ineludibles que cargan la agenda.

¿Qué metodología aplica en su investigación?

Soy una jurista que no pierde de vista un modelo de hacer ciencia interdisciplinariamente. Me dejo contaminar de otras ciencias y sectores, aunque a veces no sea fácil. En los temas que trato es inevitable.

¿Qué resultados espera obtener con este proyecto?

Tengo ya varios artículos publicados en revistas españolas y europeas, en inglés, en español e italiano. Tengo la ambición (tímida) de escribir algo más comprometido desde el punto de vista científico: un estudio dedicado al gran reto de la educación y la sostenibilidad, desde una perspectiva predominantemente jurídica, pero sin olvidar la interdisciplinariedad de la materia.

¿Qué ventajas tiene investigar este tema en el marco de CONEX?

Supongo que sobre todo la libertad. No tengo carga docente durante los tres años que dura el proyecto y eso me permite dedicarme al cien por cien a mi investigación. Siendo una española que llevaba 20 años fuera de España, me ha concedido la oportunidad de volver a este país en calidad de investigadora y nutrirme de un ambiente universitario como el de la Carlos III y, en particular, enriquecerme de la calidad del departamento de Derecho Público del Estado, en el que me he integrado, y de los miembros del Instituto “Pascual Madoz”, que goza de liderazgo nacional en estas temáticas.

El próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cuáles cree que son los principales retos medioambientales y de qué manera se pueden abordar con eficacia desde el campo del Derecho?

El derecho juega un papel fundamental en estos temas. Desde el punto de vista jurídico, el aspecto más importante que introduce la sostenibilidad con respecto al ambiente es la naturaleza proactiva de su existencia. El Derecho ambiental siempre ha tenido un carácter defensivo. Es hora de que el cambio de paradigma que la ley está acogiendo en todos sus niveles de gobernanza vaya por delante para legitimar y provocar cambios de conciencia social, que son los más importantes para capacitar una cultura de transición hacia la sostenibilidad imbuida de una profunda ética ecológica.

El programa CONEX (CONnecting EXcellence) cuenta con el apoyo de la Unión Europea (acciones Marie Curie del 7PM, acuerdo de subvención nº 600371), del Ministerio de Economía y Competitividad  (COFUND2014-51509), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (CEI-15-17) y del Banco Santander, a través de Santander Universidades.

El IDHBC ha sido distinguido con este galardón en la categoría de instituciones “por  contribuir  de forma constante y efectiva con su trabajo en la lucha en favor de las personas con discapacidad”, según el jurado. En el acto de entrega de premios, celebrado en el CGPJ, el rector de la UC3M, Juan Romo, y el director del IDHBC, Francisco Javier Ansuátegui Roig, recibieron el galardón de manos del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes Serrano.

El resto de premiados han sido: Corporación Radio Televisión Española (RTVE), por el tratamiento dado a la información sobre el colectivo de personas con discapacidad durante los Juegos Paralímpicos de Río-2016; Campofrío Food Group, por la mejor actuación empresarial. Benigno Varela, vocal y portavoz del CGPJ entre 1996 y 2001 y exmagistrado del Tribunal Supremo, recibió el premio a título personal.

El presidente del Foro de Justicia y Discapacidad, Juan Manuel Fernández, señaló que con estos galardones “se quiere reconocer conductas ejemplares en diversos actos y distinguir a los que se esfuerzan en hacer un mundo más justo”. El Foro Justicia y Discapacidad, constituido por el Consejo General del Poder Judicial en 2003, tiene como objetivo favorecer el acceso de las personas con discapacidad a la Justicia en condiciones de igualdad y garantizar su protección jurídica.

El IDHBC, desde hace más de una década, ha hecho del estudio de los derechos de las personas con discapacidad  uno de sus ámbitos prioritarios de actuación y se ha convertido en un referente tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido pionero en la aplicación del enfoque de derechos humanos al estudio de la discapacidad y su actividad investigadora ha estado orientada a lograr la inclusión social y la igualdad de derechos desde el ámbito académico. Ha desarrollado más de 40 proyectos de investigación en los que la discapacidad y los derechos humanos han sido referentes. Además, su labor docente y de divulgación ha posibilitado la formación de investigadores, juristas y profesionales de diferentes ámbitos en torno a los derechos de las personas con discapacidad.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) financia de manera íntegra un promedio de diez becas anuales dirigidas a los líderes indígenas de América Latina y El Caribe, gracias a las cuales reciben formación durantes tres meses en la UC3M en temas como Derechos Humanos y Cooperación Internacional. Este año los estudiantes proceden de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Méjico, Nicaragua, Paraguay y Perú.

El objetivo general es que los estudiantes puedan asumir responsabilidades de liderazgo en sus comunidades y organizaciones, con la capacitación y conocimientos técnicos necesarios para intervenir con garantías de éxito en los procesos de negociación sobre derechos de los pueblos indígenas que se desarrollan en diferentes ámbitos nacionales e internacionales, así como en su implementación.

Los 150 estudiantes que han pasado por la UC3M en la última década gracias a estas becas son miembros del Fondo Indígena. Esto ha permitido la formación de un importante número de líderes indígenas que contribuyen a generar cambios en el ámbito comunitario y que se reflejan a nivel nacional e internacional. Además, gracias a su participación en este curso pueden aprovechar las sinergias de trabajo que tienen lugar con el resto de alumnos de este título, como abogados, cooperantes, investigadores, etc.

Más información:

Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional

“Se trata de un proyecto abierto a la  sociedad que pretende integrar a todas las personas interesadas y formar a nuevos especialistas en discapacidad, accesibilidad universal, ajustes razonables y apoyos”, explican desde el IDHBC. Para ello, se ofrece un sistema de suscripción para que las personas interesadas se den de alta en la web y puedan informarse de los avances del proyecto o recibir invitaciones para colaborar. Otra metodología que se emplea en el proyecto son las denominadas “clínicas jurídicas”, que permiten recibir notificaciones de casos de denuncias y situaciones de posibles discriminaciones para poder abordarlas. De esta manera, el proyecto se nutre de estos casos de estudio para construir una teoría sólida y fuerte sobre los derechos en este ámbito.

El equipo investigador ya está trabajando en la primera fase del proyecto, durante la cual analizan el éxito del III Plan de Acción para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid 2012-2015 para elaborar un marco para el diseño de un nuevo plan. Además, estudian la normativa de la Comunidad sobre derechos de las personas con discapacidad para elaborar propuestas alternativas. Este análisis se desarrolla desde cinco áreas temáticas: sanidad y prestaciones sociales; empleo; educación; participación, accesibilidad y conflicto; y deporte, cultura y ocio.

Problemas de discriminación

El proyecto abarca todos los tipos de discapacidad, desde la intelectual a la física, pasando por la psicosocial o la sensorial. “Estas personas se enfrentan a problemas de discriminación que se producen en muchos niveles, aunque el más relevante tiene que ver con la manera en que la sociedad entiende la discapacidad”, comenta Rafael de Asís. “Lo que más se necesita, además de cambiar algunas normas, es concienciar y sensibilizar para que se comprenda la diversidad de estas personas y que pueden interactuar en la sociedad de la misma manera que lo hacemos las personas que en teoría no tenemos ninguna discapacidad”, añade.

En la actualidad la sociedad acepta más la diversidad física que la diversidad intelectual, según estos investigadores. “O dicho de otra manera: el enfoque de derechos, que tiene un alcance limitado en la diversidad física, está prácticamente ausente en la diversidad intelectual”, comenta Rafael de Asís. “A la persona con discapacidad intelectual se le acepta, pero de manera caritativa. Hace falta dar un paso más y aceptar que las personas con discapacidad intelectual pueden tener los mismos derechos que cualquier otra persona y se les puede reconocer una capacidad igual que al resto de personas, con los apoyos que consideremos razonables”, concluye.

Algunos de los resultados obtenidos hasta la fecha han sido presentados en el primer congreso internacional del proyecto Madrid sin Barreras, celebrado a finales del pasado mes de mayo en la UC3M y centrado en el eje sobre el que se desenvuelve todo el sistema de los derechos de las personas con discapacidad: el diseño universal, la accesibilidad y los ajustes razonables. “No olvidemos que la accesibilidad es condición para el disfrute de los derechos y criterio para evaluar la discriminación de las personas con discapacidad”, señala Rafael de Asís.

Más información:  www.madridsinbarreras.org

Asimismo se puede acceder a materiales didácticos y formativos dirigidos a los profesionales implicados en la Administración de Justicia que trabajan con niños con discapacidad mental, como es el caso de jueces, agentes de policía, trabajadores sociales, psicólogos, etc.

“Existe la necesidad de que los tribunales sean más abiertos, flexibles y con capacidad de respuesta para los niños y las niñas con discapacidad, así como para otros grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestras sociedades”, concluye el profesor Ignacio Campoy. 

Más información:
http://www.mdac.org/en/accessing-justice-children