Se presenta el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España

El pasado martes 25 de septiembre se presentó el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España, ODA-E, en el Congreso de los Diputados.

La UC3M es miembro de este Observatorio desde noviembre de 2017, cuyo objetivo es promover iniciativas de investigación multidisciplinar sobre el derecho a la alimentación adecuada y temáticas relacionadas. Además, se pretende favorecer el intercambio de experiencias y el diálogo entre instituciones académicas, parlamentos, sociedad civil, organismos internacionales, con el fin de garantizar una alimentación para toda persona de manera justa, sostenible, equitativa y saludable.

El Observatorio se presentó en el Congreso de los Diputados, con presencia de representantes de los principales grupos parlamentarios integrados en la Alianza Parlamentaria por el Derecho a la Alimentación, la oficina de FAO España, y universidades y organizaciones sociales

En el tercer aniversario de la aprobación de la Agenda 2030, este acto puso de relieve la importancia de la colaboración entre actores para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Según datos de la FAO, en 2016 el número de personas con subalimentación crónica alcanzó los 815 millones, principalmente debido a los conflictos y al cambio climático. En España, la inseguridad alimentaria afecta a medio millón de personas (entendiendo esta como el acceso limitado a los alimentos, individualmente o en el ámbito familiar, debido a la falta de dinero u otros recursos); por otra parte, en el informe El estado de la pobreza en España 2008-2016, publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-España), se afirma que en España hay 1,3 millones de personas que viven en hogares en los que no pueden permitirse una comida que incluya carne, pollo o pescado al menos cada dos días; 2,3 millones de personas han tenido que acudir en algún momento del año a familiares o amigos para conseguir alimentos u otros bienes básicos y 1,5 millones han tenido que hacerlo a través de entidades privadas no lucrativas o religiosas. La población española en situación de pobreza severa no tiene capacidad de afrontar el coste de la cesta de la compra y se ve obligada a recurrir a comedores sociales y a bancos de alimentos3. Los recortes en la inversión pública destinada a atender necesidades de la población en situación de vulnerabilidad han tenido un grave impacto en la alimentación de muchas familias.

Estos datos se extraen del documento de aportaciones del ODA para la preparación de la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición que se celebrará los días 29 y 30 de octubre en el Senado.

Más información en: https://derechoalimentacion.org/