Javier González Arellano

Programa de Cooperación Universitaria para el desarrollo de investigaciones en derechos sociales y procesos constituyentes, Universidad de Chile- 2024

Chile ha estado inmerso en un proceso constituyente cuyo objetivo es crear una nueva Constitución Política y así cumplir con el mandato popular de cambiar la Constitución que rige al país desde 1980. La carta constitucional de 1980, cuya legitimidad de origen siempre ha sido cuestionada y que ha sido objeto de reformas por parte de los gobiernos postdictatoriales, se caracteriza por incluir enclaves autoritarios y un sistema neoliberal que impiden desarrollar las demandas ciudadanas vinculadas a perspectivas de redistribución, como es el reconocimiento, garantía y protección de los derechos sociales, entre los cuales se destacan, entre otros, la educación, salud y seguridad social, y a demandas de reconocimiento de derechos de las identidades de grupos históricamente oprimidos, invisibilizados y subalternizados, como han sido las mujeres, pueblos originarios, disidencias sexo-genéricas, entre otros/as. Modelo económico, normativo y político que aflige a la ciudadanía cotidianamente y que la ha llevado a protagonizar una de las más violentas revueltas sociales de las cuales se tiene registro estremeciendo los cimientos políticos y sociales del país aquel 18 de octubre de 2019.

“Chile despertó”, fue la consigna con que la ciudadanía dijo basta al poder instituido y perdió el miedo a manifestar su malestar y rechazo con el régimen de desigualdades, abusos y privilegios que caracterizaba al consenso transicional y la hegemonía neoliberal de las últimas tres décadas. La ciudadanía, y sus deseos de cambio constitucional, fue la protagonista de la deliberación política colectiva que movió los anhelos de millones de chilenos y chilenas con el objetivo de vivir, nada más y nada menos, una vida digna. En efecto, “hasta que la dignidad se haga costumbre” fue otro eslogan que dirigió las reivindicaciones sociales durante meses en que el pueblo de Chile se volcó en las calles, mediante manifestaciones pacíficas y violentas, para exigir un cambio constitucional, hasta que llegó el momento de la inmovilización social causado por la pandemia Covid-19 en marzo de 2020.

En cuatro años (entre 2019 y 2023), Chile vivió un proceso constituyente en dos instancias cuyos resultados no fueron exitosos, ya que la ciudadanía rechazó ambas propuestas constitucionales. El primer resultado del proceso constituyente (2021-2022), la Propuesta de Constitución Política de la República de Chile de 2022, cuyo protagonista fue la Convención Constitucional -la primera con paridad de género del mundo-, vinculada a lo que se ha denominado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, fue rechazado por la ciudadanía con un 61,87% de los votos. El resultado de la segunda instancia constituyente, la Propuesta Constitución Política de la República de Chile 2023, cuya institución fundamental fue el Consejo Constitucional, relacionado a un constitucionalismo liberal clásico, también fue rechazada por la ciudadanía con un 55,76% de los votos. Los resultados negativos de ambas instancias llevaron al Presidente Boric a dar carpetazo al proceso Constituyente durante su gobierno. Sin embargo, el proceso constitucional. que emana de la voluntad popular resultante del plebiscito nacional del 25 de octubre de 2020. sigue vigente y como tal el carpetazo de Boric no significa el final.

Es en este contexto donde realizo mi voluntariado desarrollado en el marco del “Programa de Cooperación Universitaria para el desarrollo de investigaciones en derechos sociales y procesos constituyentes” en el departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En dicho programa, impulsado por el grupo de Cooperación del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba y bajo la supervisión del profesor Carlos Lema Añón, realicé y participé en actividades y acciones que me llevaron a presenciar de primera mano cómo ha sido la evolución del proceso constituyente y cuáles son las demandas actuales de la ciudadanía. En efecto, durante mi estancia en Chile, pude constatar -y comentar con especialistas en la materia- que las prioridades ciudadanas se han desplazado desde la lucha por la dignidad que caracterizaba al proceso Constituyente, hacia las demandas vinculadas a la seguridad, migración y supervivencia que han cooptado la agenda social y política actual.

Entre las diversas actividades que realicé puedo destacar la participación en la edición del libro “Derechos sociales en la Constitución. Viejos y nuevos debates para construir una sociedad más igualitaria (Tirant lo blanch, 2024)” y en la organización del “Diploma de Postítulo en Derecho y Justicia Social” de la Universidad de Chile. Por su parte, también trabajé en la formulación del proyecto “Jornada Memoria Democrática y Responsabilidad Empresarial. Contribuciones (inter)nacionales al proceso de justicia transicional español”. El mencionado proyecto fue presentado al concurso público de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por el que se convocan para el año 2024 subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. El proyecto contará con la colaboración del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el International Institute for Philosophy and Social Studies y el Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities. La invitación a participar a las instituciones mencionadas tiene por objeto fortalecer y fomentar la cooperación internacional académica, y establecer un diálogo científico norte-sur. Particularmente, en dichas actividades participan profesores/as de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Chile, lo que ha llevado a fomentar y consolidar la cooperación universitaria entre ambas casas de estudios.  

A su vez, participé en el seminario de doctorado de la escuela de postgrado de Derecho de la Universidad de Chile, presentando parte de mi investigación doctoral titulada “La participación de actores económicos en delitos internacionales: el trabajo forzoso u obligatorio en España durante 1939-1959”, la cual fue comentada y retroalimentada por expertos y expertas en derecho penal internacional y Filosofía del Derecho. Dicha ponencia da cuenta de la complicidad de empresas en crímenes contra la humanidad que fueron perpetrados por el régimen franquista y se encuentra en línea con el objetivo 8.7 de la agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Por su parte, participé como ponente en el Seminario de Estudios EDI, donde impartí la conferencia “Personas en Situación de Sinhogarismo. Análisis de alternativas de vida elegida en la comunidad”, donde puse énfasis en las estrategias vinculadas a erradicar el sinhogarismo desde el derecho a la vivienda adecuada (ODS 11.1). A su vez, participé como oyente en diversos seminarios gratuitos realizados en la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago de Chile y el International Institute for Philosophy and Social Studies, como también en actividades deportivas de vinculación con el medio en la Universidad Central de Chile.

Finalmente, establecí relaciones con otras instituciones de educación superior en Chile. En este contexto, puedo destacar las reuniones con la Jefa de Carrera de Trabajo Social y el Jefe de Carrera de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, las cuales pueden resultar edificantes para establecer y expandir los convenios de cooperación universitaria del grupo de Cooperación del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba y la Universidad Carlos III de Madrid.

Quiero agradecer a los/as profesores/as Pablo Aguayo, Constanza Núñez y Pietro Sferrazza, todos de la Universidad de Chile, por su hospitalidad y compromiso por los derechos, y a Lucy Pizarro, bibliotecaria jefa de la Biblioteca Marcial Martínez, por su amabilidad, ayuda y capacitación en gestores bibliográficos y bases de datos; a Soledad Rojas, Diego Ortega y Fernando Jofré, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, esperando que concretemos vínculos de cooperación entre nuestras instituciones; a Janet Ponce, Universidad Central de Chile, por el recibimiento y su preocupación por tejer redes de contacto; a Nicolás Del Valle por alojarme en ese crudo invierno chileno en las dependencias del International Institute for Philosophy and Social Studies y darme la oportunidad de participar en diversas actividades vinculadas a la producción del conocimiento. También agradezco al Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible, Cooperación y Campus Saludables y al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid por la oportunidad de realizar este voluntariado. 

Finalmente, mi especial agradecimiento al profesor Carlos Lema Añón por la preocupación y dedicación durante todo este proceso.