Comunicados de prensa 2018

El IDHBC forma parte del Comité de Selección y Seguimiento del Programa junto con el Ayuntamiento de Madrid, Fundación Mundubat y la Red ONGD de Madrid.

Defender los derechos humanos sale caro. Solo en 2017, 312 defensores y defensoras de derechos humanos perdieron la vida por la labor que desempeñaban. Y es que las amenazas, el acoso, los procesos estigmatización o criminalización, las agresiones físicas…dificultan cada día el trabajo de muchas personas que defienden sociedades más justas.  El Ayuntamiento de Madrid quiere contribuir a facilitar y promover su labor ofreciendo protección a las personas defensoras que lo necesiten. Posibilitará su llegada a la ciudad y garantizará los medios de vida para su estancia durante 3 meses.

Siguiendo los pasos de otros ayuntamientos y comunidades, como Asturias, País Vasco o Barcelona,  Madrid ha lanzado su primer Programa de Acogida Temporal para Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Su objetivo: ofrecer protección desde un enfoque integral a personas defensoras que se encuentran en situación de riesgo y contribuir a la creación de un entorno seguro en sus países de origen para garantizar la continuidad de su labor a su regreso.

El Programa se inserta en el Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid y busca contribuir al cumplimiento de los compromisos municipales en este ámbito.  Financiado por el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por Mundubat, en el año de su estreno el programa va a centrarse en Colombia. 

Para saber el porqué basta echar un vistazo a los datos, explican desde Mundubat.  La intensidad de la violencia dirigida a defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia está en parámetros equiparables a los del momento del conflicto armado y previo a la firma de los acuerdos de paz.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, desde enero de 2016 hasta agosto de 2018 han sido asesinadas 343 personas defensoras. 424 organizaciones sociales, comunales, étnicas, de género, relacionadas con diversidades, políticas y populares se encuentran en riesgo. Y solo en los primeros 6 meses de este año, se han registrado  397 agresiones, lo que significa que cada 11 horas se da una agresión a un defensor/a de derechos humanos.

‘Una gota de mar en el océano, pero una gota decisiva’
Del 1 de febrero al 30 abril de 2019, tres personas defensoras de derechos humanos vinculadas con organizaciones, comunidades o movimientos sociales de Colombia,  que estén viviendo en una situación que requiera protección y apoyo integral, serán acogidas en la capital.

Un Comité, integrado por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, el Ayuntamiento de Madrid, Fundación Mundubat y la Red ONGD de Madrid, valorará las candidaturas, que han debido ser avaladas por una ONG con presencia en Madrid (organización de acogida). Sus nombres los conoceremos en el mes de diciembre.

Durante el tiempo que permanezcan en la capital, las defensoras y defensores contarán con los recursos materiales necesarios y mejorarán sus herramientas para continuar su labor de defensa de los derechos a través de estrategias de acompañamiento psicosocial, formación  o la generación de redes de apoyo.

También se realizará una labor importante de sensibilización de la ciudadanía y ‘hacia las instituciones’  y se estrecharán los vínculos de colaboración entre las organizaciones y plataformas de derechos humanos de Madrid y  las que representan los defensores y defensoras.

Desde Mundubat insisten en este último aspecto: el enfoque comunitario. Porque además del  reposo y la recuperación, 'fundamentales por las repercusiones que en la vida afectiva, familiar, diaria….tiene defender los derechos humanos,  consideran necesario  dar a conocer la organización que hay detrás y conseguir que se generen apoyos cuando las personas defensoras regresen'.

¿Y qué ocurrirá una vez que las defensoras y defensores vuelvan a su país? ‘El programa, afirma Antonio Montoro, de Mundubat, no puede acabar ahí porque la amenaza y la violencia persisten’. Se hará un seguimiento y un acompañamiento en el retorno a través de la creación de un Comité de Seguimiento, integrado por el Comité de selección, en el que está el IDHBC,  y una representación de las organizaciones que han avalado la llegada de estas personas.

Para Mauricio Valiente, Tercer Teniente de Alcalde de Madrid, el programa ‘es una gota de mar en el océano, pero es una gota decisiva’. Decisiva  porque facilitará la labor de las personas defensoras de los derechos humanos, reforzándolas en su lucha, dando a conocer las presiones que sufren para abandonar el país o lo que hacen para hacerlas “desaparecer” por defender los Derechos. ‘Sin defensores, no  hay derechos humanos’, concluía.

A finales del mes de octubre, una delegación integrada por  miembros del Comité de Selección y Seguimiento viajó a Colombia para presentar el programa. María Eugenia Rodríguez Palop, como representante del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, formó parte de esta delegación y ha destacado la magnífica acogida que ha tenido por parte de las instituciones públicas, como la Defensoría del Pueblo o la Unidad Nacional de Protección, y  por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
Charla-Encuentro con Rudy Estela Posada  

Es la primera vez que Rudy Estela Posada sale de su país, Colombia. Viajó a España para participar en la presentación del Programa de Acogida Temporal de Madrid y, aprovechando su estancia en la capital,  el IDHBC organizó una charla-encuentro con alumnado de la Universidad.

Rudy Estela Posada se presenta como una mujer campesina, baraquera artesanal, defensora de los derechos humanos, amante de las piedras  y muy feminista.

Rudy Estela Posada, desde hace ya 10 años,  es una de las lideresas del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, Colombia, integrado por 15 organizaciones de personas afectadas por el megaproyecto extractivo “Hidroituango”, de Empresa Pública de Medellín (EPM), con cuya construcción su comunidad, azotada por años de conflicto armado, sufrió un nuevo revés.

‘Si no tenemos agua y tierra, no tenemos nada’, señala. Denuncia, además, que en los albergues en el que son alojadas y alojados, han perdido su identidad, su independencia, especialmente, las mujeres, que ‘éramos libres en el río’.

El Movimiento Ríos Vivos reclama poder permanecer en la zona y el "desmantelamiento" del proyecto y es, además, el único opositor.  ‘La labor que desempeñamos ha sido un señalamiento para nosotros. 4 compañeros y compañeras han sido asesinados y asesinadas este año’, afirma. Las amenazas que sufren son constantes (verbales, por mensajes de texto, personales, grafitis) y  ‘muchas compañeras y compañeros han tenido que irse del territorio’.

El miedo, explica Posada, es a que no nos organicemos.  ‘Usted es un defensor, lo van a asesinar, nos dicen. Eso lleva a que la gente tenga temor a organizarse’.  La protección que les ofrece el Gobierno tampoco les sirve. ‘No podemos tener un policía al pie porque es un riesgo para nosotros.  Tenemos 4 grupos armados en mi municipio que nos va a preguntar qué hacíamos hablando con ellos y nos pueden acabar matando".

Pero, a pesar de las dificultades,  deben seguir luchando, insiste,  ‘para dejar algo a nuestros hijos y nuestros nietos’.

Rudy Estela Posada se despedía de las y los estudiantes dejándoles este mensaje: ‘eligieron la mejor carrera porque vamos a necesitar muchas personas defensoras, no sólo en Colombia’.

Sitio web del Programa #MadridProtege 

El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para reconocer el derecho de sufragio de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial,  que estaban privadas del mismo. Una situación que afecta a 100.000 personas y que constituye, desde hace años, una de las principales reivindicaciones del movimiento asociativo de la discapacidad.

Para María del Carmen Barranco, Directora del IDHBC, la reforma de la LOREG ‘es un paso adelante muy importante en la universalización del sufragio y, por tanto, desde el punto de vista de la legitimidad de nuestra democracia’.

Porque  hasta el momento,  en la democracia española  y a instancias del artículo 3 de la LOREG, han sido excluidas en cada cita electoral las personas ‘declaradas incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que ésta declare expresamente la incapacidad para su ejercicio’ (apartado b)   y ‘las internadas  en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el periodo que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio’. (apartado c).

Esta exclusión vulnera  el derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución española y en el artículo 29 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España y que, por tanto, es de obligado cumplimiento. Este artículo 29 establece que ‘los Estados Parte garantizarán a todas las personas con discapacidad, también a las personas con discapacidad  intelectual y psicosocial, el derecho  a participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las  demás, lo que incluye el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas’.

El Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU ya advirtió en 2011 al Gobierno español que no había hecho los deberes en materia electoral y le instó  a cambiar la LOREG. Sin embargo, no fue hasta junio de 2017 cuando la Asamblea de Madrid, siguiendo las directrices de este Comité, aprobó presentar una iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados para su modificación. Esta iniciativa fue presentada en el Congreso en noviembre del mismo año y admitida a trámite por unanimidad.

¿Por qué se ha tardado tanto? Para el IDHBC el hecho de que esta limitación de un derecho fundamental, sin que se justifique la pertinencia, se haya mantenido a lo largo del tiempo se debe al modelo de tratamiento de la discapacidad ajeno al discurso de los derechos que utiliza la sociedad en general y los jueces en particular, y  a los estereotipos socialmente vigentes a propósito de las personas con discapacidad.

La reforma  para adaptar la LOREG a la Convención de la ONU sobre Discapacidad

La modificación aprobada elimina del artículo tercero de la LOREG los apartados b y c  y modifica  sustancialmente, tras algunas discrepancias entre las formaciones políticas,  el  punto 2  que pasaría de señalar que ‘ los jueces o tribunales que entiendan de los procedimientos de incapacitación o internamiento deberán pronunciarse expresamente sobre la incapacidad para el ejercicio del sufragio’ a quedar redactado de la siguiente manera: "Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera".

La propuesta de reforma ha pasado al Senado para la inclusión o no de enmiendas. A partir de su entrada en vigor, las personas a las que se les hubiese limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad podrán ejercer su voto.

El movimiento asociativo de la discapacidad ha hecho un llamamiento a los grupos políticos del Senado para pedirles ‘máxima celeridad’ en la tramitación de la reforma para que entre en vigor a tiempo de que pueda votar una buena parte de la ciudadanía andaluza que, en estos momentos, está privada de este derecho.

España se convertirá así, según el CERMI, en el octavo país de la Unión Europea que no aplica restricciones por razón de discapacidad a la hora de votar.  Austria, Croacia, Holanda, Italia, Letonia, Suecia y Reino Unido suprimieron antes esta barrera que impedía votar a una parte de sus ciudadanos y ciudadanas.

Avances y tareas pendientes

Para Patricia Cuenca la reforma de la LOREG  ‘es una gran nueva victoria en la lucha por el sufragio universal, en la que se han tenido que vencer, como en todas ellas, muchas resistencias debido a los prejuicios y estereotipos todavía  existentes en relación con las personas con discapacidad intelectual y psicosocial y a la tendencia a exigir a este colectivo demostrar una "racionalidad" que no exige a las demás personas’.

Y es que las razones para negar el sufragio, explica Rafael de Asís, se han movido en dos planos: el de la no comprensión de los programas electorales y el de la posibilidad de ser influenciable. ‘El problema, subraya, es que estos dos planos no son exclusivos de las personas con discapacidad, pero sólo se les aplican a ellas’.

El movimiento de la discapacidad también ha calificado de histórico este día. ‘La democracia está a punto de llegar plenamente a las personas con discapacidad sin excepción alguna, puesto que podrán ejercer su derecho al voto y también podrán ser elegidas por la ciudadanía como representantes’, han señalado desde el CERMI.

Pero quedan tareas pendientes.   Entre ellas, subraya Rafael de Asís, la cuestión de la accesibilidad, manejando una idea de accesibilidad que no se proyecte solo sobre los colegios electorales sino, en general, sobre el ejercicio del propio derecho. ‘Hay que exigir así también que los programas y espacios electorales sean accesibles a todas las personas. Y en este sentido, las diferentes opciones políticas deben hacer esfuerzos encaminados a favorecer la comprensión de sus programas y de su propio discurso, siendo una obligación de los poderes públicos el promover que esto sea así’.  

A la cuestión de la accesibilidad,  la Profesora Barranco añade la necesidad de educar para la ciudadanía a todas las personas, no sólo a las personas con discapacidad.  ‘El derecho al voto, por un lado, no es garantía de la democracia si no hay interés por parte de la ciudadanía o si está no sabe qué está votando y qué consecuencias tiene, y esto depende, entre otras cosas, de que se eduque, precisamente para la ciudadanía’, afirma. Para Barranco, además, el derecho de voto, que es condición imprescindible para hablar de democracia, no es suficiente. ‘La democracia requiere que se tenga en cuenta la opinión de las personas que van a ser afectadas por las decisiones y esto no es algo que se consiga sólo votando. Como lo anterior, requiere, información e interés, pero además, que se habiliten canales de participación más allá de los electorales’, concluye.

Fundación ONCE  está preparando el lanzamiento de ‘Just4ll’, un proyecto que pretende mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad mediante acciones como la sensibilización y formación de juristas en la atención y necesidades específicas de este grupo de ciudadanos.

La UC3M, a través del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, es uno de los socios de este programa junto con European Disability Forum (EDF),  European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) y Thompson Reuters Aranzadi.

Además, el programa cuenta con el apoyo de la Unión Internacional del Notariado, European Foundation Center (EFC), Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El programa, que se desarrollará en 30 meses y cuya puesta en marcha se ultimaba el pasado miércoles 7 de noviembre en una reunión entre Fundación ONCE y los socios de proyecto, pretende mejorar el acceso real a la justicia de las personas con discapacidad y contribuir así a la aplicación efectiva de la legislación en materia de derechos humanos y también en materia de discapacidad.
 
De este modo, se propone crear conciencia entre los juristas sobre las necesidades de las personas con discapacidad en el ejercicio de su derecho efectivo de acceso a la justicia y capacitarles en el conocimiento de los derechos específicos de estos ciudadanos. 
 
Para lograr estos objetivos, los integrantes de este programa desarrollarán una serie de actuaciones entre las que figura el análisis del estado del acceso a la justicia por parte de las personas con discapacidad. Igualmente, diseñarán un curso masivo abierto en línea (MOOC) sobre esta materia y ofrecerán formación a operadores legales, a través de la organización de diferentes talleres.
 
Asimismo, lanzarán una campaña de sensibilización sobre las personas con discapacidad y su acceso a la justicia y organizarán un seminario europeo sobre la implementación en la UE de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito de la justicia.
 

(Getafe,  29 de mayo de 2018)El Jurado de los IV Premios ALPE a la mejor labor en favor de las personas con acondroplasia, reunido el 23 de mayo de 2018, en Madrid, ha fallado el Premio ALPE en su categoría de investigación a favor de la candidatura del l Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III (IDHBC), ‘por su trayectoria científica en el estudio de la implantación de la convención de la ONU’.

Los Premios ALPE, que fueron instituidos en 2012, tienen como objetivo promover la inclusión y visibilización social de la acondroplasia y otras displasias y reconocer el trabajo de aquellos que de una u otra manera colaboran en la mejora de la calidad de vida de los afectados.

En esta IV Edición, el IDHBC ha ganado el premio en la Categoría de Investigación ex aequo con el Grupo de investigación de displasias esqueléticas del Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) y la Unidad Multidisciplinar de Displasias Esqueléticas (UMDE) del Hospital Universitario La Paz.

También han sido premiadas la Fundación Solidaridad Carrefour por el proyecto Aula de terapia integral para niños con acondroplasia y otras displasias óseas en la Categoría Institucional y Helena Rohner y Lucas Ayala por el documental La aventura de Lucas en la Categoría Personal.

El jurado independiente, que se reunió el 23 de mayo en Madrid para deliberar y fallar los ganadores, estaba constituido por: Don Miguel López Gallego [Patrono fundador de la Fundación ALPE]; Dra. Ana Aranda Iriarte [científica, profesora de investigación del CSIC]; Don Jesús Martín Blanco [Delegado de Derechos Humanos y para la Convención en el CERMI]; Don Pedro Sagastizábal Cardelús [miembro del Patronato de ALPE]; Don Felipe Orviz Orviz [abogado]; Don José María Fernández de Villalta [experto en política social e inclusión]; Doña Pilar Villarino Villarino [directora ejecutiva del CERMI]; Don Pedro Cardelus Muñoz Seca [consejero delegado de Willis Iberia]; Don José Ayala [periodista]; Don Francisco Morales [catedrático de Psicología, UNED]; Dra. Belén Pimentel [asesora de metodología y estadística, FIMABIS]; Dr. Miguel Fuentes [médico, UCM]. Actuó como secretario Don Ángel del Río Fernández, secretario de la Fundación ALPE.

La ceremonia de entrega tendrá lugar durante una cena de gala que se celebrará el día 12 de junio, martes, a partir de las 20.00 en Fundaland, C/Monasterio de las Huelgas 15, 28049, Madrid.
La ceremonia, , señala el comunicado de la Fundación ALPE, contará con la presencia de renombradas personalidades en el intento de ‘ofrecer a la sociedad una imagen de las personas con acondroplasia y otras displasias más acorde con nuestros tiempos y su condición de básica normalidad en todos los ámbitos, alejada de estereotipos’.

EL IDHBC

El instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas comenzó a funcionar como centro universitario en 1990. En 2003 comenzó a desarrollar un trabajo prioritario sobre Igualdad, No Discriminación y Discapacidad que lo ha convertido en un referente tanto a nivel nacional como internacional.

El Instituto ha realizado actividades de investigación, docencia, editoriales y de en diferentes líneas temáticas conectadas con la discapacidad y los derechos humanos y ha dado lugar a más de 100 publicaciones (monografías, libros colectivos, capítulos de libros, artículos y papers) relativas específicamente a los derechos de las personas con discapacidad. Una bibliografía ingente, si se suman a estas publicaciones participaciones, artículos en revistas, estudios, informes, guías y proyectos.

Además, el IDHBC ofrece una formación en postgrado y lleva a cabo una intensa labor divulgativa con la organización de eventos y participaciones como ponentes y conferenciantes de sus miembros.

Web: https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteA/1371230159965/
 

Fundación ALPE
 

La Fundación ALPE, con sede en Gijón, lleva desde el año 2000 ayudando a las personas con acondroplasia y otras displasias óseas en diferentes ámbitos. Desde los servicios de valoración, siempre gratuitos, que ofrece, hasta un papel de intermediaria en las relaciones con las escuelas o con la administración pública o el control de la imagen estereotipada del «enano» en medios de comunicación, su actividad es constante y muy cercana para los afectados. Supone un apoyo enorme para unas familias que, no hace muchos años, cuando recibían un diagnóstico de acondroplasia, no tenían información ni recursos: «un enanito de circo» era la manera en que muchos médicos explicaban a los padres lo que había ocurrido, esa alteración genética espontánea que hacía que de unos padres que jamás habían oído hablar de ella, naciera un niño que no crecería como los demás. También ponen en contacto a profesionales médicos de todo el mundo y promueven la investigación científico y psicosocial.

Más información sobre los IV Premios ALPE:

http://www.fundacionalpe.org/es/noticias/436-fallo-de-los-iv-premios-alpe